Antoni Cañete, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), mantuvo una reunión con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu el pasado 17 de enero. Tras el encuentro, Cañete elogió la resolución de al menos una de las dos mejoras sustanciales que la Ley Crea y Crece había introducido en la lucha contra la morosidad y que, sin motivo alguno al parecer, habían permanecido bloqueadas. Se refiere específicamente al desbloqueo del Observatorio de la Morosidad, un organismo que llevará a cabo un análisis exhaustivo de esta problemática y publicará una lista de grandes morosos.
La PMcM se complace en desempeñar un papel activo en el Observatorio de la Morosidad, como se reconoce en el nuevo Proyecto del Real Decreto del 23 de diciembre de 2023. El ministro, por su parte, ha confirmado a Cañete su compromiso para abordar el problema de la morosidad y celebra la implementación del Observatorio de la Morosidad. En este contexto, Hereu ha expresado que considera a la PMcM como un «agente importante» en la lucha y seguimiento contra la morosidad, reconociendo plenamente la trascendencia que tendrá el funcionamiento del Observatorio de la Morosidad para obtener un control efectivo de los pagos.
La independencia de este organismo es esencial para su correcto funcionamiento. Por ello, la PMcM quiere solicitar al Gobierno su autonomía para una mayor imparcialidad. «Quien lidere este proceso debe ser completamente objetivo y poseer un profundo conocimiento de esta problemática, que afecta en su gran mayoría a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los trabajadores autónomos, dada la posición dominante de las grandes empresas y compañías de mayor dimensión», especifica Cañete.
Por otro lado, el sistema de facturación electrónica se presenta como una «excelente herramienta para conocer los plazos de pago del sector público, facilitando así al futuro Observatorio de la Morosidad llevar a cabo sus funciones de control y análisis, y, por consiguiente, contribuir a la erradicación de la lacra de la morosidad«. El presidente de PMcM demanda la agilización de la aplicación del reglamento de la facturación electrónica (previsto en la Ley Crea y Crece) para poder disponer de la lista de grandes morosos para el próximo año.
Sin embargo, Cañete destaca que, para que este sistema sea verdaderamente útil, se deben implementar mejoras, como hacer obligatorio el llenado de los campos de las fechas reales de inicio (realización del servicio o entrega del bien) y fin (cobro de la factura). Con estas modificaciones, «podríamos obtener una radiografía real de lo que está sucediendo en nuestra economía y conocer el verdadero impacto de la lacra de la morosidad«.
Las sanciones de la UE ayudarán a la PMcM a reducir la morosidad
España se posiciona como uno de los países de la Unión Europea con plazos de pago más prolongados. Las empresas del sector no financiero del IBEX 35 y del resto del mercado continuo abonaron sus facturas en un periodo medio de 120 días, duplicando el plazo legal permitido de 60 días, según el análisis del «informe Central de Balances. Resultados del primer semestre de los Grupos Financieros no Cotizados (CBV)», elaborado por el Banco de España en base a los balances de las empresas cotizadas utilizando datos no auditados publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y referidos al primer semestre de 2022. Las empresas de mayor envergadura son las peores pagadoras.
Otro de los puntos a destacar del informe es que las empresas cotizadas prácticamente cumplen con los plazos de cobro, con una media de 61 días; pero esta celeridad en los ingresos no se refleja en los tiempos de liquidación de sus facturas, lo que «afecta seriamente a sus proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas (pymes) y trabajadores autónomos».
Según Cañete, las sanciones son indispensables para reducir los plazos de pago. Desde un primer momento, la PMcM dijo que «un régimen sancionador es el único camino para acabar definitivamente con la morosidad». La Unión Europea comparte esta visión y ha elaborado un nuevo reglamento, de obligado cumplimiento, que contempla sanciones para las empresas y las Administraciones Públicas morosas, además de establecer un plazo de pago máximo de 30 días, en lugar de los 60 días que estaban vigentes hasta ahora.
Cañete ha subrayado su esperanza de que la normativa europea cuente con el respaldo del nuevo Gobierno que inicia su mandato, instándole a actuar con «responsabilidad» para garantizar su cumplimiento íntegro.
Por último, haciendo alusión a la Ley Crea y Crece, el presidente Cañete ha reiterado que la PMcM está en espera de recibir la invitación para ser designada, dentro del Consejo Estatal de la PYME, como uno de los representantes de asociaciones especializadas en el ámbito de la morosidad.
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