En los hogares europeos se generan una media de 11 kilos de residuos textiles por persona y año, y sólo un 12% se recoge de forma separada, utilizando contenedores en la vía pública. Esta realidad va a cambiar dentro de poco tiempo, porque la legislación europea y estatal han establecido que, a partir del 1 de enero de 2025, será obligatoria para los servicios municipales de residuos sólidos urbanos la recogida separada de los residuos del textil y el calzado, además de los voluminosos como muebles, colchones o enseres.
Las empresas de inserción llevan casi cuarenta años convirtiendo la recogida y reutilización de ropa, calzado y otros objetos de los que la ciudadanía se desprende, en una actividad económica que proporciona un trabajo digno y un acompañamiento social y laboral para personas en situación o riesgo de exclusión social.
Esta actividad posibilita que estas personas aprendan una profesión y encuentren trabajo en empresas ordinarias. Además, las empresas de inserción promovidas por Cáritas por toda España, como Koopera, hacen que la reutilización de prendas y calzado sean entregadas en su red de tiendas de forma gratuita, digna y normalizada a personas que carecen de recursos para ello.
Este trabajo de décadas ha hecho que más de la mitad de los residuos textiles y de calzado que se recogen separadamente en España, mediante contenedores en la vía pública, lo hagan empresas de inserción. Ahora, la entrada en vigor a nivel estatal de la obligatoriedad de recoger separadamente todos los residuos textiles y del calzado, convierte a las empresas de inserción en un valioso recurso para las entidades locales que tienen que cumplir dicha obligación y que poseen un valioso conocimiento previo.
Tanto la legislación europea como la española han reconocido esa labor que hacen las empresas de inserción en el ámbito de la gestión de residuos, en particular de textiles y calzado, pero es que, además, como prestadoras de servicios de interés económico general, esta tipología de empresa cubre, de forma integral, los 3 pilares de toda política pública sostenible: el económico, el social y el medioambiental.
Este especial carácter de las empresas de inserción, explica que la disposición adicional 19ª de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, imponga la reserva de un 50% del importe de los contratos públicos de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres, a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, debidamente autorizados para el tratamiento de tales residuos.
La transición a un nuevo modelo de recogida
El actual modelo de recogida y reutilización de ropa y calzado fruto de las donaciones de la ciudadanía va a evolucionar, en un futuro cercano, a uno nuevo en el que las entidades locales tienen el reto de propiciar la recogida selectiva de la mayor cantidad posible de textil y calzado desechados. Esto derivará en más costes tanto de recogida como de clasificación y preparación para la reutilización, pero los sistemas de responsabilidad ampliada de los productores del sector textil y del calzado, que entrarán en vigor en abril de 2025, tendrán la obligación de reintegrar tales costes a las haciendas locales.
La transición hacia una sociedad más sostenible nos exige cambiar y mejorar cómo estábamos haciendo las cosas hasta ahora. En materia de gestión de residuos la legislación y las políticas públicas están sometidas a dos principios clave: priorizar las medidas de gestión conforme a la jerarquía de residuos, y que quien contamina, paga. Las empresas de inserción se han focalizado en la reutilización de ropa y calzado con fines sociales y solidarios, que también previene la generación de más residuos textiles. Sin embargo, la sostenibilidad de este esquema social de funcionamiento requiere que las entidades locales apuesten por la contratación reservada de las empresas de inserción para la recogida y tratamiento de residuos textiles, y, por otra parte, que los sistemas de responsabilidad ampliada de los productores implanten un modelo que cumpla eficazmente con el principio de quien contamina, paga.
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