eSIR es la plataforma desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica para la remisión electrónica de los documentos asociados al traslado de residuos. Desde el pasado 1 de septiembre es obligatorio su uso por parte de las empresas que realizan actividades de producción y gestión de residuos. Sin embargo, veinte de estas organizaciones han solicitado al Ministerio la suspensión temporal de esta plataforma al no estar suficientemente operativa “por su falta de capacidad de tramitación, continuos errores y dificultad de uso”, afirman.
Esto imposibilita la realización de los trámites digitales que establece la legislación, lo que genera inseguridad jurídica e incumple los objetivos de la norma. “Es más, la situación actual podría llevar a la paralización de las recogidas de residuos, algo que tendría consecuencias sanitarias, medioambientales y en el empleo”, comentan.
Por todo ello, estas veinte organizaciones han enviado un escrito al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para que retrase su aplicación al 1 de enero de 2022 o se suspenda el plazo hasta que no se subsanen todos los problemas señalados. Además, reclaman la necesidad de establecer un trámite alternativo que otorgue seguridad jurídica cuando la tramitación electrónica no se pueda realizar.
El objetivo de este procedimiento electrónico es poder trazar los residuos desde sus puntos de generación a los de tratamiento para asegurar su adecuada gestión. Esto es algo que las organizaciones afectadas apoyan desde hace años, ya que supone la piedra angular para lograr una economía más circular.
Imposibilidad para tramitar la documentación de los residuos
Sin embargo, a día de hoy, no es posible realizar este procedimiento de forma electrónica por varios motivos:
- Los tiempos de tramitación son excesivos. Cuando se anunció este nuevo sistema, se estimó que tramitar cada documento llevaría menos de cinco minutos. No obstante, actualmente se está llegando a emplear incluso una hora por documento. «Estos tiempos son totalmente inviables si se tiene en cuenta que hay empresas que deben tramitar mil documentos diarios», explican. Actualmente se está tramitando muy por debajo del diez por ciento de los documentos necesarios.
- Faltas y errores. El estado de actualización de la base de datos que utiliza la aplicación, el Registro de Gestores y Productores de Residuos (RGPR), es insuficiente. Además, presenta faltas y errores. Esta actualización, que es responsabilidad de las comunidades autónomas, debería ser constante para que todas las empresas del sector de residuos figuraran en ella. Sin embargo, afirman que esto no está ocurriendo.
- La plataforma no permite tramitar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Todo ello genera inseguridad jurídica, porque no se ofrece una alternativa temporal hasta que se solventen unos problemas que competen únicamente a las administraciones públicas.
La gestión de los residuos se mueve al ritmo de su producción y si se excede su capacidad de almacenamiento puede presentar riesgos. Ante la situación, en las actividades sanitarias se acumularían residuos infecciosos. También habría dificultades de almacenamiento de los fluorescentes, pilas y RAEE por falta de espacio en los comercios de electrodomésticos. Esto mismo ocurriría en las actividades industriales, de gestión de residuos o en las instalaciones de recogida de residuos domésticos en los puntos limpios. Y lo más preocupante, según las asociaciones firmantes, es que esta paralización podría conllevar también la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
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