«Hemos aprendido a ponernos en valor durante la pandemia. Sin nosotros no funcionaría nada», señaló Juan Díez de los Ríos, presidente de ASPEL, en la rueda de prensa en la que la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza presentaba el informe de prioridades con soluciones y propuestas sobre la contratación, la subrogación, el absentismo o el SMI para la recuperación del sector de limpieza de edificios y locales, tras la pandemia.
El documento ahonda en temas relacionados como la contratación, la subrogación, la ley de Desindexación, el absentismo o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), entre otras cuestiones. El objetivo es visibilizar las características de un sector como es la limpieza de interiores, que ha visto cómo ha aumentado, debido a la crisis de la COVID-19, la necesidad de que la sociedad cuente con una higiene y desinfección profesional diaria.
Durante la exposición, el presidente de ASPEL, Juan Díez de los Ríos, ha desvelado los principales puntos a seguir para que las empresas y profesionales de limpieza contribuyan al desarrollo de la economía española y al bienestar de la ciudadanía, ya que, a su juicio, la limpieza supone “un trabajo esencial y necesario que se ha revalorizado aún más tras la pandemia”. En este sentido, ha propuesto que se contemplen los cambios legislativos que proponen en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Prioridades del sector de la limpieza
Entre las soluciones relacionadas con el área laboral, destacan las cotizaciones a la Seguridad Social. En este sentido, ante el alza propuesto en los Presupuestos Generales del Estado, proponen que se acerquen a la media europea, “tanto el porcentaje que pagan las empresas como lo que devengan los trabajadores”. Y es que, tal y como ha afirmado Díez de los Ríos “en el resto de los países de Europa, el reparto de la carga suele ser más equilibrado entre empleadores y empleados, siendo incluso más alta la soportada por los empleados en países como Alemania”.
En relación al absentismo, que según ASPEL “supone un problema de primer orden por el coste que conlleva”, desde la patronal abogan por reducir a la mitad los 15 días de prestación de incapacidad temporal y estudiar “seriamente” junto a la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) la “tradición” española de acumular el absentismo en los primeros días de la semana, como han demostrado numerosos estudios de recursos humanos y el informe de la propia TGSS a mayo 2021.
Por otro lado, han recordado la importancia de encontrar alguna fórmula legal que solucione a los contratos firmados y en ejecución su actualización por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional. En este sentido, el presidente de ASPEL ha declarado que “las administraciones deberían tener en cuenta esta subida en los precios de licitación de los contratos públicos”. La Ley de Desindexación no permite revisar los contratos.
De la misma manera, el documento elaborado por ASPEL tiene en cuenta la curva demográfica que existe en España, con un mayor porcentaje de personas mayores, por lo que propone abordar la extensión de la aplicación del contrato de relevo para jubilaciones de empleados, operada por el RDL 20/2018, de 7 de diciembre, con el fin de que llegue al sector de limpieza, edificios y locales y se pueda establecer un mecanismo equilibrado de jubilación anticipada para determinadas categorías profesionales en función de la valoración de los riesgos laborales.
En cuanto a la subrogación, aspecto que consideran esencial para el mantenimiento del empleo, desde ASPEL han asegurado que el sector necesita transparencia en la continua sucesión de contratas. Por ello, han solicitado a la TGSS y a Hacienda “certificados reales que exoneren las deudas y den seguridad jurídica a la empresa entrante respecto al adeudo de la cedente”.
En este sentido, proponen establecer una cláusula en el artículo 44.3 del Estatuto de Trabajadores para poder volver a esa subrogación convencional sin tener que ser solidarios en las deudas. “Esto eliminaría un riesgo y una incertidumbre de las más importantes que tienen tanto empresarios, como trabajadores”, ha recordado Díez de los Ríos.
Competitividad y limpieza diurna
De la misma manera, el presidente de ASPEL ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar el trabajo de limpieza diurna, siempre en colaboración con los clientes, para reducir “al máximo” el consumo de energía de los edificios y aumentando la conciliación familiar de los profesionales del sector. Desde el estallido de la pandemia, la limpieza profesional se ha convertido en una tarea diurna, visible, dejando atrás los turnos nocturnos propios de este sector, y resaltando así la relevancia que tiene para las personas saber que los espacios están limpios y desinfectados. En definitiva, abogan por una mayor flexibilidad del servicio de limpieza, en una etapa en la que se ha visto la necesidad de trabajar bajo demanda y en base a urgencias puntuales.
Por otro lado, entre las claves está ampliar el articulado del Convenio Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales para que se incluyan planes de igualdad, teletrabajo, etc. Además, desde ASPEL quieren trabajar la variación salarial en el citado convenio como materia “reservada al mismo desde el próximo año 2022”, según ha avanzado Díez de los Ríos.
Asimismo, el informe presentado este jueves hace especial hincapié en la competitividad del sector y propone abordar este punto con costes salariales “sostenibles”. Así, desde ASPEL quieren trabajar con biocidas (autorizar su uso en el sector de la limpieza), reformar la ley de Desindexación 2/2015 y el RD 55/2017 para que se permita la revisión de precios de los contratos por causa de la negociación colectiva, así como exigir que se cumpla la Ley de Morosidad (en este sentido son las pymes las compañías más afectadas en el sector).
Por último, en relación al área de contratación de servicios de limpieza, proponen una serie de cambios en la Ley de Contratos del Sector Público. Entre ellos, que la valoración del precio de la oferta no pondere más del 51%; que las memorias económicas del precio de licitación contemplen de forma desglosada los costes directos e indirectos; que se eliminen los criterios de adjudicación evaluación y puntación de ‘bolsas de horas gratuitas para el uso de la Administración’, así como la obligatoriedad de prórrogas forzosas y, en definitiva, “que se valore el resultado y no los medios”.
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