La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) vuelve con una nueva edición del “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2022”. Según este informe, se ha detectado un aumento de los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas. En este sentido, Antoni Cañete, presidente de la plataforma, explica que la subida ha podido “influenciar que el año pasado no hubo grandes inyecciones de fondos, como sí ocurrió durante el anterior en el que el periodo medio de pago bajó”.
El Ministerio de Hacienda ha establecido para 2023 un plan de pago a proveedores de entidades locales por importe total máximo de 1.076,4 millones de euros. Por ello, la PMcM denuncia que las AA.PP no están cumpliendo el plazo de pago. Además, la plataforma lamenta que este mecanismo imponga que los proveedores tengan que renunciar a cobrar los intereses de demora.
¿Qué refleja el informe de la PMcM?
Atendiendo al informe de la PMcM, elaborado a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 6 días, un registro superior al doble del plazo legal permitido. Para el presidente de la entidad, es “pernicioso” que se hayan asemejado los plazos de pago del sector público y privado. A esto se suma el “escollo” que supone que la cadena de pagos en el sector público esté “mal controlada” y, por tanto, que el dinero no fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas.
Por otro lado, según el análisis “Estrategia nacional de contratación pública 2023-2026”, no existe información suficiente sobre el grado de cumplimiento por los órganos de contratación en la verificación de que los pagos a subcontratistas y suministradores se llevan a cabo correctamente.
Además, el análisis de la PMcM ha constatado que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 100 días de media. En opinión de Cañete, si la Ley Crea y Crece empezara a funcionar se produciría una “mejora indiscutible” en la situación. Para PMcM “es imprescindible la fiscalización del cumplimiento de la Ley y la Estrategia nacional de contratación”.
La plataforma, actualmente, está fiscalizando la implementación de esta ley, y ha constatado que la información que parte de los Ministerios para la elaboración del certificado, es “contraria a la Ley”. También, la PMcM exige crear una campaña informativa para dar a conocer y sensibilizar sobre esta normativa debido al desconocimiento.
En lo que se refiere al sector privado, el informe anual reveló un descenso de 5 días. Se trata de la cifra más baja desde 2011. A pesar de la mejora en el sector privado, el plazo medio de pago todavía dista del establecido por la Ley.
La exigencia de la PMcM por establecer un Observatorio de la Morosidad
La PMcM insta a la puesta en marcha de un Observatorio de la Morosidad “imparcial”, y de un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. En ese sentido, recuerda que la Ley de modificación de la Ley 3/2004 lleva en continua prórroga desde septiembre de 2020 e incluye un régimen sancionador; debería quedar desbloqueada en este 2023. Para el 93% de los encuestados en el análisis de la PMcM un régimen sancionador resulta “necesario”.
Lo “ideal” sería que la Directiva Europea en materia de morosidad implantara un régimen sancionador en los países en los que, al igual que en España, existe un “verdadero problema estructural con la morosidad”, afirma Cañete. La PMcM se reunirá de nuevo con la Comisión Europea próximamente para continuar colaborando en el proceso de revisión de esta normativa a través del envío de material y análisis.
Cultura de morosidad
En un contexto de incremento de la inflación y subida del tipo de interés, se hace necesario erradicar la morosidad, una lacra “arraigada en la cultura de nuestro país”, manifiesta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Según el informe de la PMcM, se constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 61% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004, “sin que esta práctica ilegal tuviera consecuencias”, denuncia Cañete. A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos o retrasos, el 84% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no pidieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
En tanto en cuanto al medio de pago frecuente, el confirming, el 15% ha percibido un mayor ofrecimiento de lo habitual por parte de sus clientes. El 18% indica que se ha alargado el plazo de vencimiento y al 3% les obligan a descontarlo.
La Administración Local y las grandes empresas, las peores pagadoras
En el ámbito público, más de la mitad de los encuestados asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la Administración Central. Muy de cerca se encuentra la Administración Regional, con un 23% de los encuestados. Según los resultados del análisis, para el 79% de los proveedores de la Administración Local, y para el 78% de los proveedores de la Regional y la Central, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal.
En lo que se refiere al sector privado, para el 55% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas. Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 75% declara que estas superan el plazo legal. Solo el 25% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.
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