AFELIN, la entidad que engloba a Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales, pone en tela de juicio la decisión del Gobierno, sin consenso previo, de subir el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) un 5% y que esta subida no indexe en los contratos públicos en vigor.
Durante varios años, AFELIN ha estado solicitando al Gobierno que modifique la Ley de Desindexación de la Economía. El propósito de esta solicitud es permitir que las empresas contratistas que trabajan con la Administración puedan reflejar en los contratos en ejecución los constantes aumentos de costos que se han experimentado en los últimos años. La intención detrás de esta petición es buscar una mayor flexibilidad para ajustar los contratos en curso en respuesta a las fluctuaciones en los costos que impactan a las empresas contratistas.
Desde 2018, se ha aumentado en un 50% el SMI para las empresas contratistas del sector público. La inexistente revisión de los contratos junto con esta subida hace que muchas empresas estén atrapadas en contratos plurianuales de los cuales no pueden liberarse hasta que expire su periodo de vigencia. Muchos negocios no se pueden ajustar económicamente de manera oportuna, por culpa de la Administración entre otros.
AFELIN y ASPEL, llevaban varios años exigiendo cambios en la regulación ya que la situación para los empresarios que trabajan para la Administración es insostenible. Si al incremento de costes energéticos y materiales le sumamos el aumento prolongado del SMI junto con esta última subida nos queda un sector con parte de sus empresarios en un verdadero problema, trabajando sin obtención de beneficios o incluso a pérdidas, ya que a diferencia del sector privado no pueden subir los precios proporcionalmente a los costes.
Esto no sería cada vez un problema mayor si se llevara a cabo la reforma de la ley de Desindexación. Las empresas podrían tomar parte de los contratos de limpieza a la vez de seguir dando un servicio público de calidad y sin poner en peligro a miles de trabajadores. La patronal AFELIN culpa directamente al Gobierno del inminente descalabro económico al que se verán abocadas muchas empresas en un futuro cercano.
Además, advierte que la incertidumbre generada puede llevar a que muchas licitaciones públicas queden sin adjudicar, lo que resultará en la pérdida de calidad en la prestación de servicios públicos.
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