El Parlamento Europeo ha aprobado, el 23 de abril, el nuevo reglamento contra la morosidad. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebra este hecho ya que pondrá fin a los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, que afectaban gravemente a su productividad y capacidad de empleo”. Según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, esta aprobación representa un avance democrático sin precedentes. Sin embargo, aún queda por completar el proceso con la aprobación final en el Triálogo, que consiste en las próximas negociaciones entre el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
El Triálogo está programado para después de las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio, una vez que esté constituido y bajo la presidencia de la Unión Europea por parte de Hungría. “Que el Reglamento Europeo se apruebe más rápido o con mayor lentitud dependerá, en parte, del Gobierno húngaro, que son los que tienen que promover el acuerdo en el Consejo de la Unión Europea”, especifica Cañete.
La PMcM espera que el Consejo de la Unión Europea no se oponga a la aprobación del Reglamento Europeo. Según la organización, países como Alemania, Francia y Holanda, que no enfrentan problemas significativos de morosidad, podrían oponerse debido al temor de que la normativa genere una carga adicional de burocracia. Sin embargo, la PMcM sigue convencida del beneficio que supondría este reglamento e insta a estos países a no oponerse a esta implementación y garantizar que el texto final se mantenga fiel a su propósito inicial. Esto permitiría que millones de autónomos y pymes en toda Europa, que son los que más sufren esta morosidad, se beneficien de manera efectiva.
Superar los plazos conllevará sanciones
El nuevo reglamento será de obligado cumplimiento una vez que se apruebe definitivamente, lo que significa que todos los Estados miembros deberán cumplirlo. Según el presidente de la PMcM, esta normativa establece un marco sólido en cuanto a los plazos de pago, lo que indudablemente mejorará la liquidez económica y la viabilidad de las empresas. La regulación contempla sanciones para las empresas morosas que excedan el plazo de pago general, plazos que han disminuido y se han fijado en 30 días, o en 60 días en casos de necesidad de periodo de certificación, y hasta 120 días para artículos de baja rotación.
Además de las sanciones y los plazos de pago establecidos, el Reglamento Europeo contempla la posibilidad de compensación de créditos con las Administraciones Públicas en el caso de contratos públicos y también se prohibirán la utilización de medios de pago que alteren las condiciones de pago.
¿Por qué es importante el reglamento europeo contra la morosidad en España?
Las cifras de morosidad en España suponen «una lacra que hay que eliminar». Así lo ha afirmado Cañete, ya que el último informe de la PMcM de 2023 proporcionó unos datos que están muy lejos de ser los permitidos: el plazo medio de pago en el sector privado aumentó en 3 días, llegando a una media de 70 días, mientras que en el sector público se redujo en 12 días, situándose en una media de 55 días. A pesar de la mejora del sector público, estos plazos superan de manera significativa los establecidos por la Ley 15/2010, que son de 60 días para empresas y 30 días para Administraciones Públicas.
Específicamente en el sector privado, según una encuesta que se hizo a los negocios dentro del informe, el 59% de los encuestados indicaron que las grandes empresas (aquellas con una facturación superior a 50 millones de euros) son las que más tardan en pagarles. Solo el 19% de estas grandes compañías realiza los pagos dentro del plazo legal establecido.
«La adopción de una normativa revisada sobre morosidad, como el futuro Reglamento Europeo, brindará a las pymes españolas un marco jurídico sólido y previsible para abordar los retrasos en los pagos, tanto en las relaciones entre empresas como en las relaciones entre empresas y administraciones públicas», concluye Antoni Cañete.
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