Juan Díez de los Ríos, presidente de Aspel y miembro de la CEOE, ha vuelto a reiterar que el sector no puede hacer frente a la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional a los 1.080 euros anunciada por el Consejo de Ministros. Un Real Decreto del Gobierno que, según Díez de los Ríos se olvida de los sectores de servicios que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo. Además ha añadido que no disponen de la herramienta de revisar precios, algo con lo que están de acuerdo las patronales y sindicatos.
En este sentido, Díez de los Ríos ha denunciado que esta nueva subida del SMI llega en un contexto económico marcado por la incertidumbre que perturba la negociación colectiva. “Esta subida afecta al 53% de los convenios de limpieza y al 32% de los trabajadores. ¿Cómo nos sentamos a la mesa a negociar con la otra parte, si ya nos lo van
dando hecho desde el Gobierno y no tenemos margen en los contratos de limpieza ya firmados con sus prorrogas obligatorias?”, ha lamentado el presidente de la patronal de la limpieza.
Asimismo, ha recordado que los contratos públicos constituyen más del 40% de los ingresos que en 2022 llegaron a casi 11.000 millones de euros, con un coste laboral de más del 85%, además de hacer hincapié en la idea de que este nuevo RD es «pedir lo que el sector no tiene». “Hace dos años nadie podía suponer que en 2023 de nuevo íbamos a tener un desequilibrio que continuaría los siguientes tres años de contrato del 8% por el SMI», ha señalado Díez de los Ríos.
ASPEL pide una modificación de la normativa del Salario Mínimo Interprofesional
Desde ASPEL han pedido modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución. “Sigue siendo una injusticia si sube el SMI por el Gobierno y no se reequilibran nuestros contratos de limpieza en ejecución”, ha reclamado Díez.
Además, la asociación aboga por reformar la Ley de Desindexación, para permitir modificar el valor de los contratos ya firmados y el precio de estos como solución para las sustracciones de margen que ya alcanza los 152 millones de euros de quebranto, lo que les cuesta a las empresas el blindaje de la Administración en estos años.
Archivado en:
