ASPEL, Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, solicita una reforma al Gobierno de la Ley de Desindexación y la Ley de contratos del sector público en el sector servicios (LCSP) para que en los contratos de limpieza que se encuentran actualmente en ejecución las empresas puedan repercutir las subidas del salario mínimo.
Juan Díez de los Ríos, presidente de ASPEL y miembro de la CEOE, ha manifestado lo dicho tras la publicación del informe de la Comisión Asesora. Esta recoge cuatro propuestas de estimaciones diferentes del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023, que aconseja una subida de entre el 4,6% y el 8,2% con valores propuestos para los diferentes escenarios que se sitúan en 1.046, 1.054, 1.066 y 1.082 euros mensuales, respectivamente, en catorce pagas.
Reforma de la Ley de Desindexación
En este sentido, Díez de los Ríos ha insistido en que el Gobierno debe ser sensible y más al ver que se está de acuerdo y que se ha firmado un comunicado en el que se pide desde hace meses que es necesario que se reforme la Ley de Desindexación -que prohibió revisar los precios de los contratos públicos de servicios en la mayoría de los casos-, para poder garantizar la prestación de servicios que cumplan con los estándares de calidad adecuados durante toda la vigencia de los contratos y que no se desequilibren los contratos en ejecución por sueldos, cotizaciones o SMI.
Además, desde la patronal han reclamado la falta de flexibilidad de la Administración ante la actualización del precio de las contratas por el encarecimiento de los costes laborales. Al mismo tiempo, han denunciado que firmar contratos con prórrogas obligadas y sin revisar para los próximos cinco años para las empresas es algo “inasumible”.
Asimismo, Díez de los Ríos ha añadido que “la propuesta del Gobierno continúa olvidándose de los sectores de servicios esenciales como la limpieza que llevamos años encajando sucesivas subidas del SMI, soportando sobrecostes de todo tipo, por ello se deberían eliminar las prórrogas obligatorias de los contratos públicos de limpieza y volver al acuerdo entre partes de nuevo en la Ley de Contratos del Sector Público”.
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