La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y la Asociación Federaciones de Empresarios de Limpieza Nacionales (AFELIN) han demandado a la Administración que acceda a corregir las condiciones económicas en los contratos de limpieza, para acabar con una situación «insostenible» que pone en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores del sector.
Con motivo del Día Internacional de Agradecimiento al Personal de Limpieza, que se celebra hoy, 18 de octubre, ambas asociaciones han remarcado la necesidad de reformar la Ley de Desindexación de la Economía, que actualmente impide que las empresas de limpieza actualicen los precios de los contratos ya firmados con la Administración.
Según las asociaciones, esta situación hace que «muchas empresas de servicios que trabajan para la Administración lo hagan a pérdidas». «Representa un verdadero problema económico para las organizaciones debido al incremento de costes» que se ha dado por aspectos como la inflación, el aumento del salario mínimo interprofesional o el alza en los costes de la energía.
En el caso de que se efectuara esta reforma, las compañías de limpieza podrían trasladar estos aumentos en los contratos de limpieza que ahora están en ejecución, para continuar prestando servicios de calidad sin poner en riesgo los empleos, argumentan las entidades.
Precisamente, la importancia de estos puestos de trabajo es lo que tanto ASPEL como AFELÍN han querido poner en valor con su campaña #LimpiezaServicioEsencial. Y es que, como recuerdan, en España hay unas 570.000 personas (el 2% de los asalariados) que trabajan en las aproximadamente 36.000 empresas del sector, responsables del 1,05% del PIB.
Por unas prórrogas de los contratos de limpieza negociables
La propuesta de ASPEL y AFELÍN insiste en la necesidad de eliminar la obligatoriedad para el contratista de cumplir con las prórrogas en los contratos de limpieza públicos. Es decir, que estas pasen a ser negociables, en vez de forzosas. Lo cual, desde su punto de vista, «permitiría una mayor flexibilidad en las negociaciones y una mejor adaptación a las condiciones cambiantes».
A su entender, que las empresas sigan prestando el servicio de forma obligatoria (incluyendo esas prórrogas) sin recibir a cambio ningún tipo de compensación por costes sobrevenidos «está acarreando unas pérdidas que ponen en serio peligro la continuidad de la actividad en miles de contratas de limpieza» de espacios y edificios públicos.
«Resulta incomprensible que esté siendo el sector privado quien esté dignificando nuestro sector, pagando el precio que toca por los servicios de limpieza, mientras la administración, que debería ser ejemplo de calidad laboral para los más vulnerables, haga lo contrario de lo que predica», han destacado Juan Díez de los Ríos y Jesús Martín, presidentes de ASPEL y AFELÍN, respectivamente.
Por otra parte, las asociaciones han aprovechado para reivindicar otro aspecto: que a la hora de contratar se apliquen criterios de valor óptimo, además de considerar cuál es la oferta más económica. Así lo precisa la directiva europea, que señala que deben tenerse en cuenta factores como la sostenibilidad de las organizaciones, la innovación o la formación de los empleados, subrayan.
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