La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) y la Asociación de Gestores de Residuos Sanitarios (AGERSAN) presentaron de manera conjunta en la sede de la CEOE un estudio comparado sobre la gestión de residuos sanitarios en España. En la actualidad, carecemos de una legislación nacional que regule este tipo de residuos. El estudio, elaborado por el despacho Ramón y Cajal y Abogados, analiza la situación actual, al mismo tiempo que propone las líneas maestras que podría contener una norma de ámbito español con el fin de homogeneizar la gestión de estos residuos.
El documento presentado cumple con lo fijado en la disposición final séptima de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que establece la realización de un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios en un plazo máximo de tres años. Por lo tanto, las dos asociaciones esperan que el estudio presentado acelere este proceso para lograr una clasificación y uniformidad en todo el territorio nacional.
Este estudio propone instaurar una definición y categorización de los residuos sanitarios a nivel estatal, así como estandarizar las características de los envases y homogeneizar tanto la gestión dentro de los centros (segregación e identificación, almacenamiento intermedio y final) como la gestión fuera de los centros (transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación).
Durante la presentación del estudio, asistieron Antonio Ponce, presidente de AGERSAN, Fermín Retamero, miembro del Consejo Rector de ASEGRE, y Luis Palomino, secretario general de ASEGRE. Todos coincidieron en que no existen reglas comunes para la gestión de los residuos sanitarios en la actualidad: “La gestión de estos residuos se somete a condiciones distintas en cada comunidad autónoma en cuanto a características de los envases, tiempos de almacenamiento, características de los vehículos, condiciones de almacenamiento y de transporte, y condiciones de tratamiento y eliminación. Hay comunidades autónomas que se rigen por normas excesivamente antiguas, que no responden debidamente a los principios y estándares actuales aplicables a la gestión de residuos e incluso hay comunidades autónomas que carecen de regulación propiamente dicha en la materia”, expresaron los participantes.
En la misma línea, Carlos Melón, socio en Ramón y Cajal Abogados, el bufete responsable de la elaboración de este estudio, ha querido destacar la falta de un marco regulatorio común para la gestión de residuos sanitarios tiene consecuencias perjudiciales tanto para los operadores económicos como para el interés público. Algunas de las consecuencias que arrastra esta ausencia son el aumento de costes debido a la falta de economías de escala, la complejidad en la gestión de los residuos debido a las diferentes condiciones establecidas según el territorio, y la limitación de la competencia debido a las barreras de entrada derivadas del cumplimiento de regulaciones distintas en cada comunidad autónoma. A esto también se le suma la inseguridad jurídica al dificultar la identificación de la normativa aplicable, por ejemplo, en los traslados de residuos entre comunidades autónomas, y limita la unidad de mercado en este sector.
Este estudio se ha publicado como parte de un convenio de colaboración firmado hace un año entre estas dos asociaciones, con el objetivo de impulsar la armonización de la regulación de los residuos sanitarios en España. Esta iniciativa ha conseguido reflejar la urgencia de unificar las normativas actuales para establecer métodos de gestión y tratamiento, plazos definidos, una recogida selectiva que prevenga riesgos durante la gestión, y una determinación de los contenidos mínimos de los contenedores. Esta estandarización promovería la innovación y el desarrollo tecnológico, fomentaría la competitividad y facilitaría la aplicación de la economía circular en una actividad crucial, especialmente evidente durante la pandemia. Es importante destacar que una gestión inadecuada de los residuos sanitarios peligrosos puede liberar sustancias dañinas para la salud en el medio ambiente, incluyendo residuos biosanitarios, químicos, medicamentos citotóxicos y citostáticos, así como residuos radiactivos.
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