Según la última estimación del Banco de España, la caída del PIB, variable en función del tiempo de confinamiento de la población y de la normalización de la situación económica de producción y ventas, podría llegar a alcanzar el 13,6%. El propio Banco de España alerta sobre la provisionalidad del escenario en el que basa estas estimaciones, y también sobre la incertidumbre de estos resultados por encontrarnos ante una situación sin precedentes en la historia reciente.
Con respecto a la valoración de las pérdidas en la producción, no todos los sectores se verán igualmente afectados, por lo que la media estimada por el Banco de España –incluida la dosis de incertidumbre inherente a la posible evolución de la infección– tendrá mayores o menores repercusiones en función del sector que analicemos. No todas son evidentes. En España, el sector turístico, uno de nuestros principales motores económicos, se verá especialmente afectado. Es un hecho que requiere de pocas explicaciones, es obvio. Otros sectores, como el de la hostelería, la restauración o el ocio, también tendrán caídas de su actividad necesariamente por encima de la media.
Los canales de transmisión de los efectos de la pandemia son infinitos. La caída ha sido abrupta. El enorme entramado de interconexiones que existe en la economía ha puesto de manifiesto que, en muchos casos, servicios esenciales requieren de otros no esenciales que se han visto paralizados. La interrupción firme de unos sectores supone consecuencias en otros, como fichas de dominó que van cayendo en cadena.
De igual manera, la recuperación de la actividad económica se sucederá de manera escalonada, a diferentes ritmos, en función de los riesgos sanitarios de cada sector afectado y de su propia capacidad de recuperación tras el decretado parón. Incertidumbre una vez más.
Las autoridades han tomado medidas cuyo objeto es paliar los severos efectos económicos de la crisis. Una de las primeras, la puesta en marcha de avales para la financiación de créditos ICO a empresas y autónomos, incide en el problema de base con el que se encuentran nuestros empresarios y hogares: la falta de liquidez.
La liquidez es la savia que alimenta el entramado económico. Es la energía –el elemento vivificador– sin el que no hay posibilidad de mantener la actividad de ninguna unidad económica, sea familia o empresa.
Morosidad coronavirus
En este sentido, aunque efectivamente la pandemia es global, en España partimos con un grave defecto inicial, una ‘patología previa’ de la que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) lleva alertando mucho tiempo: tenemos el dudoso honor de mantener los plazos de pago más largos de Europa. Aunque durante los últimos años se han producido mejoras en los pagos de las Administraciones Públicas, el hecho es que continúa más que doblándose el plazo legal de pago de 30 días. En el caso de los pagos entre empresas, la situación ha mejorado menos y, en general, se mantiene muy por encima del plazo máximo marcado por la Ley de Lucha contra la Morosidad, que les recuerdo que es de 60 días.
Una empresa con un balance saneado es capaz de generar caja si vende y cobra. Aun requiriendo de financiación externa, atiende a sus obligaciones: su balance que lo soporta. Sin embargo, una start-up por ejemplo, cuya cuenta de resultados solo presenta pérdidas, puede sobrevivir gracias a la liquidez que le proporcionan las rondas de financiación.
Si no hay resultados, hace falta liquidez, y si los hay, también
Es claro, si una empresa no cobra, no puede pagar. El recurso de acudir a los créditos ICO, además de la enorme discrecionalidad que supone en función del tamaño y el sector de la empresa a la que va dirigida, conlleva una carga de trámites administrativos y una segura limitación de su capacidad de gasto e inversión futura: como es obvio, los créditos hay que pagarlos.
Sin embargo, muchos de nuestros empresarios no tendrían que acudir a implorar esa fuente de financiación avalada por el ICO si se pusiera en marcha una auténtica cadena de pagos. Debe iniciarla la propia Administración. Si ayuntamientos y comunidades autónomas pagan la enorme cantidad de facturas pendientes de pago, y así sucesivamente, estaríamos inyectando savia desde la raíz a todo nuestro entramado empresarial. No estamos pidiendo nada excepcional, sencillamente, que se cumpla la Ley.
De igual manera, muchas de las grandes empresas son lentas y esquivas con sus pagos. La PMcM ha pedido al Gobierno que, ante la ausencia de un régimen sancionador que castigue la morosidad, ponga en movimiento un decreto ley que palíe su ausencia, obligando, especialmente a las empresas más grandes y con mayor capacidad de financiación, a cumplir de manera inmediata la Ley de Lucha contra la Morosidad.
Si las empresas no cobran los trabajos realizados, consumirán su capital. Caerán primero las más débiles, pymes y autónomos. Y del problema inicial de la falta de liquidez, pasaremos a uno más serio y sin posible vuelta atrás, la insolvencia.
Hay que remarcar que la solución propuesta por la PMcM carece de costes para los pagadores, funciona de manera automática, por el simple hecho de abono de las facturas, y es capaz de generar por sí misma enormes bolsas de liquidez que se transmitirían de forma inmediata a lo largo de toda la cadena productiva.
Estrategias del Gobierno
El Gobierno está preparando estrategias para los sectores más inmediatamente afectados, pero no todo es tan obvio como el caso del turismo. El sector de empresarios de limpiezas, por ejemplo, agrupa un sinfín de actividades económicas, de las cuales algunas se verán más perjudicadas que otras. Especialmente preocupante es lo concerniente a los servicios intensivos en mano de obra, con una estructura similar a los sectores de hostelería y restauración que mencionaba al inicio.
Miles de empresas y millones de trabajadores y sus familias sufren la ausencia de medidas que palíen su falta de liquidez.
Para mayor abundamiento, la importante dependencia de este sector de los contratos públicos –especialmente de ayuntamientos y comunidades autónomas– genera un problema adicional vinculado a la excesiva reglamentación, burocracia y la ausencia de un criterio unificado de las diferentes administraciones para resolver o paralizar los contratos en vigor. Lamentablemente, la ineficiencia e ineficacia de algunas administraciones obliga a muchas de estas empresas a incurrir en costes adicionales, casi siempre inútiles, precisamente en el momento en que más necesitan evitarlos.
La crisis del coronavirus está poniendo en evidencia muchas vergüenzas de nuestro sistema económico y social: la enorme burocracia, el exceso de reglamentación, la ambigüedad de muchas normas y, lamentablemente, la ausencia de otras medidas, claras y sencillas, absolutamente necesarias para asegurar que las empresas paguen y cobren en plazo. ¿Es tanto pedir?
El Gobierno debe poner en marcha de manera inmediata soluciones para agilizar y asegurar los cobros y los pagos. Y sin coste ni garantías colaterales, como los créditos ICO, cuya función no puede ser sustituir a los pagos por los servicios realizados. Las consecuencias de no tomar medidas, al contrario que la evolución de la pandemia, son absolutamente predecibles: quiebras en masa y paro.
Lamento tener que acudir al comentario del famoso torero: “Más cornás da el hambre”. Probablemente, tiene razón.
