La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha publicado el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2021”. En él se recoge un significativo descenso de los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y del sector privado. Esta mejora se debe, a juicio del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, a las medidas tomadas por el Gobierno. Entre ellas, destacan los créditos ICO, los fondos de liquidez extra para las CCAA y la normativa que premiaba a las empresas que saldaban sus deudas con sus proveedores. Por ello, el directivo solicita al Gobierno que continúe acometiendo medidas concretas para que prosiga esta tendencia. “Cuando se actúa, se consiguen buenos resultados, y en el ámbito de la morosidad la herramienta principal y definitiva es instaurar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas”, afirma.
Además, la PMcM ha pedido cierta celeridad en la puesta en marcha de esta normativa, a la vista de los plazos de devolución de los créditos ICO. “Cuando esto ocurra, vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos importante. No olvidemos que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”, alerta Cañete.
Otros datos del Informe sobre morosidad
Según este Informe sobre morosidad, el plazo medio de pago a proveedores disminuyó tanto en el sector público (en 16 días, un 21%, pasando de 77 a 61 días), como en el sector privado (un descenso del 6%, 5 días menos, situándose en 72 días frente a los 77 de 2020, en niveles similares a 2019 antes de la pandemia). A pesar de la mejora, los plazos medios de pago distan de los establecidos por la ley 15/2010, más que duplicándose (30 días para las AA.PP. y 60 para las empresas).
De acuerdo al análisis, un 78% señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2022 no va a variar. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 75% declara que sería pedir financiación. Y un 19% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago. Y de acuerdo con este estudio, la ratio de morosidad se cifró en el 4,8%, ligeramente inferior respecto al 5,4% de 2020.
La Administración Local y las grandes empresas, las peores pagadoras
En el ámbito público, prácticamente la mitad de los encuestados (48%) asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar. De estas, tan solo un 24% lo hace dentro del plazo legal. La segunda peor pagadora es la Administración Regional (abarcando un 33% de respuestas). Por último, se encuentra la Administración Central, con un 19% de los encuestados. Según los resultados del análisis, para el 81% de los participantes en la encuesta sus plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal.
En lo que se refiere al sector privado, para el 61% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas. Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles, el 80% declara que estas superan el plazo legal. El 38% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Por su parte, el 42% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Solo el 20% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.
Condiciones abusivas
Además, el Informe sobre morosidad constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 66% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes de los sectores público y privado que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004.
A esto se suma el hecho de que, en caso de sufrir impagos, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. La PMcM siempre ha sostenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente que al propio desconocimiento. No en vano, el 64% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de más de diez años, no deja de sorprender que un 36% de las empresas aún la desconozca”.
Finalmente, y en lo que se refiere al medio de pago frecuente, el confirming, el 16% ha percibido un mayor ofrecimiento de lo habitual por parte de sus clientes desde el comienzo de la crisis del COVID-19. El 18% indica que se ha alargado el plazo de vencimiento y al 2% les obligan a descontarlo.
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