La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebró el pasado 30 de noviembre una Asamblea Abierta en la que su presidente, Antoni Cañate, volvió a reiterar la urgente necesidad de implementar la Ley Crea y Crece. La asamblea, que tuvo lugar en la sede del Parlamento Europeo de Madrid, contó con la participación de representantes de los grupos parlamentarios.
En un contexto de crisis económica y global como el que estamos viviendo, la Unión Europea lanza datos llamativos: una de cada cuatro quiebras se debe a las facturas impagadas, y con previsiones como las de Crédito y Caución que cifran en 171.000 las empresas que ven amenazada su supervivencia por la morosidad, “todo nos hace pensar que si no actuamos de manera urgente no podremos salvar a nuestras pymes y autónomos, pudiendo cerrar unas 200.000 empresas”, estimó Cañete.
El presidente expresó que ahora más que nunca se hace necesaria la aplicación de las novedades aprobadas en la Ley Crea y Crece. Especialmente, que se ejerza de forma previa un control de los pagos para acceder tanto a las subvenciones públicas (siendo necesario entregar un informe del auditor), como a la contratación pública. Respecto a este último punto, cabe recordar que según el último informe de Oriescon relativo a 2020, no se estaba haciendo el control de pagos de los principales contratistas. De este modo, de los 1.250 que debían de comprobarse, tan solo 27 contenían la información pertinente. Así pues, resulta imprescindible que las empresas compartan sus datos.
PMcM pide un Observatorio de la Morosidad y el régimen sancionador
Ante esta situación, la PMcM ha anunciado que seguirá muy de cerca cómo se va aplicando la normativa, fiscalizando el cumplimiento de la ley. En esta línea, ha exigido la puesta en marcha lo antes posible del Observatorio de la Morosidad, en el que la plataforma espera tener un papel activo, y ha alertado de que no debería permitirse que esta institución se constituya de forma sesgada desde un sector interesado que está dando “informes alterados sobre morosidad”, denunció Cañete.
En cuanto al ámbito privado, donde se sabe que algunas de las grandes empresas deben a sus proveedores unos 82.000 millones de euros por encima del plazo legal de pago (60 días), el presidente de la PMcM ha aludido como solución a una de las reivindicaciones históricas de la entidad: el régimen sancionador. Es “absolutamente necesario que la ley se acompañe de un sistema de multas a empresas morosas para así reducir el retraso de los pagos en el ámbito privado; no se entiende que lleve más de dos años en trámite”, explicó Cañete. Su puesta en marcha ayudaría a mitigar la previsible falta -y encarecimiento- de liquidez a la que se enfrentarán en un futuro próximo las pymes y autónomos en nuestro país.
La PMcM también está trabajando en facilitarle a la Unión Europea información sobre las malas prácticas habituales que continúan produciéndose en nuestro país, documentación que la institución tendrá presente de cara a la revisión que está realizando de la Directiva Europea sobre morosidad. En este sentido, Cañete valoró muy positivamente la posición de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, respecto a la Directiva Europea sobre morosidad.
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