La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha respondido de manera contundente a las nuevas enmiendas que fueron lanzadas por el Reglamento Europeo contra la Morosidad en las relaciones comerciales el 20 de marzo por la comisión IMCO del Parlamento Europeo, dejando un mensaje claro: “Parecen escritas para beneficiar a las grandes empresas”.
Sin duda, una de las medidas más polémicas es la eliminación de tener que informar, por parte de las grandes empresas, sobre sus prácticas de pago. Esta medida carece de sentido, según declara Antonio Cañete, presidente de la PMcM, que considera que esta medida favorece el poder de las corporaciones sobre la Unión Europea: “Pueden pagar como les dé la gana y nadie se va a enterar”. Además, esta medida contrasta con la tendencia en otros países como Estados Unidos, donde se ha fortalecido la transparencia para abordar los largos plazos de pago identificados.
Otra enmienda que ha generado la indignación del PMcM ha sido la ampliación de los plazos de pago hasta los 120 días naturales desde que se recibe la factura. La plataforma hubiese podido aceptar si hubiese un plazo general de 30 días ampliable a 60; pero esta medida solo hace que las grandes empresas evadan el pago aun más respecto a la situación anterior, que ya era preocupante.
PMcM: las pymes no pueden permitir estas nuevas enmiendas
En su momento, Antonio Cañete subrayó que si estas enmiendas se aprueban, las grandes empresas tendrían una ventaja injusta sobre las pymes, dejándolas en una posición de vulnerabilidad. Es crucial que las pymes europeas se unan para evitar que las grandes empresas se impongan, como destacó durante la reunión del Board de SME United.
El presidente esperó que el SME United adoptara todas las medidas que ha recomendado la PMcM, que declinara la opción de la ‘libertad de pactos’ y que abogaría por la fijación de plazos de 30 días más otros 30 en ciertos casos, así como por que Europa establezca los plazos de pago para productos de baja rotación.
Estas medidas fueron vistas como razonables por la PMcM, en contraposición a los intereses de las grandes corporaciones. Estas últimas ejercieron fuertes presiones sobre la Comisión, retrasando la votación de las enmiendas a fines de febrero.
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