Antoni Cañete, secretario general de PIMEC, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y vicepresidente y portavoz de la Plataforma Pymes, se ha presentado en el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia del COVID-19. Cañete fue elegido para representar a la sociedad civil y para formar parte del grupo de trabajo Reactivación Económica de esta Comisión. Este grupo tiene como propósito sugerir medidas de impulso en el escenario post COVID-19.
Durante su intervención, Antoni Cañete ha lamentado las duras consecuencias de la crisis del COVID-19 para el tejido de pymes y autónomos, “un 20% de los cuales no volverá a levantar su persiana”, según datos de PIMEC. En este sentido, ha destacado la pyme como factor clave y estratégico para la reconstrucción del país y ha pedido que “cuiden y salven a los que pagan impuestos. Sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”. Cañete ha hecho una propuesta para lograr un crecimiento sólido, justo y sostenible basado en tres ejes fundamentales: innovación y conocimiento, productividad y competitividad y, finalmente, voz y representación real.
Basándose en el primer eje, Antoni Cañete ha propuesto un Pacto de Estado para la FP, teniendo en cuenta que “la formación profesional es posiblemente el elemento de competitividad más importante de un país”. Cañete ha recordado que nuestra FP se basa en la oferta de nuestros centros educativos, pero “lo adecuado sería basarse en la demanda de nuestro sistema productivo” y, por tanto, pedimos que se reconozca el papel formativo de la empresa.
Otro factor fundamental que lastra las pymes es la morosidad. “Durante esta crisis hemos obligado a las empresas a endeudarse a través de créditos ICO, cuando la solución podría haber sido eliminar la morosidad”, ha lamentado Cañete. En este sentido, ha propuesto diversas medidas que supondrían una inyección de más de 150.000 millones de euros de liquidez al sistema, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país: que las administraciones paguen sus facturas pendientes (14.000 millones de euros); que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen 122.000 millones pendientes de pago a sus proveedores; que los ayuntamientos liberen los 12.000 millones de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar autónomos y pymes; que se cambie el criterio liquidación del IVA y solo se ingrese el IVA cobrado; que se devuelva de manera inmediata el IVA a compensar retenido por Hacienda; y que los grandes contratistas paguen a sus proveedores.
En esta línea, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha remarcado que “poner fin a la morosidad es un elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país” y, por tanto, ha pedido una vez más que “aprueben la ya presentada proposición de ley de multas para los morosos. Urge un régimen sancionador”.
Antoni Cañete también ha manifestado que, “en el modelo hacia el que debe transitar una España reconstruida, las pymes tienen que situarse en el puente de mando, con la voz y la representación que les corresponde. Ahora no la tienen”. Finalmente, ha requerido “generar una nueva base económica, más inclusiva, amparada por un Pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas y sociales”.
Propuesta de enmiendas a los diferentes Reales Decreto-Ley que se han aprobado durante el estado de alarma
Antoni Cañete ha entregado a los diferentes grupos parlamentarios un documento que recoge las propuestas de enmiendas de PIMEC a los diferentes Reales Decreto-Ley que se han aprobado durante el estado de alarma, teniendo en cuenta que todos se encuentran en trámite en el Congreso de los Diputados.
Las propuestas de la patronal incluyen aspectos como la mejora de las prestaciones para empresarios autónomos, modificación de permiso retribuido recuperable, restitución de los fondos de formación profesional, incentivos fiscales para las inversiones empresariales de prevención del COVID-19, flexibilización de los ERTE por fuerza mayor, desgravación fiscal de las reducciones y condonaciones de alquileres a pymes para favorecer su aplicación y rebaja del IVA de los sectores más afectados por el confinamiento.
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