La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), que agrupa a más de 2 millones de pymes y autónomos en España, exige al Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, que en 2025 cumpla con el compromiso adquirido en el Plan Anual Normativo (PAN) del Gobierno. Este plan, que correspondía al año 2024, contemplaba la creación de una Ley que regulara la representatividad empresarial en el ámbito de las pymes.
Según consta en el PAN, el objetivo de dicha ley, que no se ha materializado durante el pasado año, es “desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional”.
El presidente de CONPYMES, José María Torres, indica que “el diálogo social es un pilar fundamental de la democracia, y que para garantizar que España sea competitiva e inclusiva, y siga las directrices del modelo social europeo, necesitamos un diálogo social sólido con interlocutores sociales elegidos democráticamente”.
La patronal recuerda que la Comisión Europea aprobó el 12 de junio de 2023 la Recomendación del Consejo sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea con el objetivo de reforzarlo tanto a nivel nacional como europeo. La Recomendación incide en la necesidad de exigir a los Estados miembros que garanticen en sus respectivos ámbitos procedimientos de reconocimiento de la representatividad tanto sindical como empresarial abiertos y transparentes, algo de lo que adolece España en el caso de la representatividad empresarial, como viene denunciando CONPYMES reiteradamente.
Torres señala que “no podemos permitir que el diálogo social sea un coto privado de unos pocos en el que no se permite la entrada a otros interlocutores sociales, que representan a las pymes con voz propia e independiente, y que es una consecuencia directa de la voluntad de las élites económicas, monopolios y oligopolios, de imponer sus criterios al resto”.
Asimismo, José María Torres manifiesta que “este monopolio respecto a la representatividad, que se produce cuando se instaura la democracia en España en los años 70, provoca que las pymes y autónomos, que representamos el 99,8% del tejido empresarial y el 75% del empleo, no estemos incluidos en la representación institucional, la concertación y el dialogo social”. “Esto no es óptimo para ningún mercado de trabajo y debería resolverse de forma inmediata. La concertación debe ser un instrumento que responda a todas las necesidades, las de las grandes empresas, pero también las de pymes y autónomos, para cualquier país que quiera ser competitivo”, añade.
Por todo ello, el presidente de CONPYMES explica que “es necesario acabar con la anomalía de que en las mesas de negociación del diálogo social sólo estén representados, por la parte empresarial, los que representan a las grandes empresas. Y esto tiene como consecuencia que las leyes y normas se hagan pensando en los intereses de las grandes corporaciones empresariales en detrimento de las pymes. Esto es contrario a la democracia donde todos debemos estar representados en igualdad de condiciones. Yolanda Díaz dice públicamente que los acuerdos de gobierno están para cumplirlos y que se debe a su palabra. Pues cumpla con ella”.
La patronal indica que las organizaciones empresariales actualmente reconocidas como más representativas a nivel estatal, a los efectos de la participación institucional, lo han sido por notoriedad, sin aportación de prueba alguna. Y que cuando los únicos que participan en las negociaciones en el diálogo social son grandes compañías, pero negocian en la mayoría de los casos convenios colectivos para todo un sector, repercute en que las pymes no tengan opción a una justa competencia ni a igualdad de oportunidades. Por ello, para CONPYMES es urgente reformar un sistema que sobrerrepresenta a la gran empresa: porque la representatividad empresarial concebida así aleja de la realidad a las pymes, que deben aplicar los convenios sin conexión alguna con los negociadores, originando regulaciones que impiden el crecimiento y la competitividad de las pymes.
Archivado en:
