Pimec, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Plataforma Pymes han presentado este lunes un manifiesto conjunto titulado“La contratación pública ante la situación post Covid”, para dar a conocer los problemas y las carencias de la compra pública, uno de los principales motores de la economía española, fundamental para dinamizar y garantizar la actividad de muchos sectores y empresas.
En una rueda de prensa telemática, las tres entidades han puesto de manifiesto que en España la contratación pública representa aproximadamente el 18% del PIB y que numerosos colectivos vinculados a ésta han venido alertando de problemas como lotes de gran volumen, morosidad en cascada, relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas, la falta de liquidez de contratistas y subcontratistas, entre otros.
Ante esta situación, consideran que las administraciones públicas y los gobiernos que las lideran deben encarar tres grandes retos urgentemente: Garantizar los flujos de caja y de cobro para asegurar los circuitos de pago; garantizar la demanda para mantener las cadenas de contratación pública; y afrontar la división de los contratos en lotes, ya sean sectoriales o por volumen.
En su intervención, el presidente de la PMcM y secretario general de Pimec, Antoni Cañete, ha asegurado que los problemas de las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo de las empresas subcontratistas, se han agravado, tanto por la paralización de la actividad, como por las medidas preventivas que gobiernos y empresas contratistas toman ante un futuro incierto: “Se concretan los retrasos y las anulaciones de pagos, aumentando el nivel de morosidad, y se mantiene una bolsa de deuda acumulada”. “Esto provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO para cubrir las facturas no cobradas”, ha asegurado. Por eso, considera que las administraciones públicas “deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago”. Y ha añadido que los gobiernos “deben obligar a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal”.
Por su parte, el vicepresidente de la Plataforma Pymes, Josep Tres, ha expuesto que la caída de la demanda del sector privado “afectará severamente a muchas pymes” y considera necesario garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por estas empresas. En este sentido, ha afirmado que esto es posible dividiendo los contratos en lotes. Por especialidad sectorial, por territorio o por volumen del contrato.
Además, ha defendido que la división por lotes supone que un mayor número de empresas puedan concurrir a una oferta: para lotes más pequeños la solvencia económica requerida es menor, incrementándose el número de posibles ofertantes y posibilitando que la Administración obtenga mejores condiciones para la ejecución del contrato. Y ha concluido la rueda diciendo que “es importante que la fórmula de valoración económica no excluya de por sí la valoración adecuada del informe técnico”, ya que la legislación permite limitar el número de lotes por los que puede competir una empresa e, incluso, limitar el número de adjudicaciones.
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