Un año más, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha confirmado que los plazos de pago a proveedores en España siguen siendo bastante superiores a lo que dicta la ley vigente, según “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023”. Por ello, se necesita una ley inminente que penalice este tipo de conductas, ya que la normativa actual carece de penalización.
Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, la implementación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad marcará «el fin de los plazos abusivos que socavan la competitividad y sostenibilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, ya que estos retrasos e impagos restan su eficiencia y capacidad de contratación». Desde el punto de vista del presidente de la PMcM, establecer un marco sólido en cuanto a los plazos de pago » mejorará indudablemente la liquidez financiera y, por consiguiente, la viabilidad de las empresas». El martes 23 de abril, en su última sesión plenaria, el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar esta normativa, que será de cumplimiento obligatorio y contemplará sanciones para las empresas que incumplan el plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 días en casos de necesidad de periodo de certificación).
Una vez superado el Parlamento Europeo, la normativa tendrá que someterse por el Consejo de la Unión Europea. Mientras tanto, la PMcM permanecerá vigilante para evitar que las presiones de los grupos de presión empresariales obstaculicen la tramitación del reglamento; un reglamento que beneficiará a millones de empresas en toda Europa, especialmente a autónomos y pymes, quienes «sufren más la carga de la morosidad». Al mismo tiempo, la entidad continuará trabajando para garantizar su participación en el Consejo Estatal de la PYME y en el Observatorio de la Morosidad, instando a la implementación de este último organismo, «dada la urgente necesidad de abordar el problema de la morosidad en nuestro país, ya que nuestros plazos de pago se encuentran entre los más largos de la Unión Europea«, según Cañete.
Posteriormente a la presentación del informe, la PMcM ha mantenido un encuentro con los eurodiputados Laura Ballarín Cereza (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo) y Pablo Arias Echeverría (Grupo del Partido Popular Europeo). Este encuentro tuvo lugar en un momento especialmente crítico, dado que es imprescindible que los partidos políticos españoles que tienen representación en la Eurocámara lleguen a un acuerdo lo más rápido posible y apoyen de manera conjunta este nuevo reglamento de plazos de pago. La adopción urgente de una normativa revisada sobre morosidad es crucial para proporcionar a las pymes un marco jurídico sólido y previsible para abordar los retrasos en los pagos, tanto en las relaciones entre empresas como en las relaciones entre empresas y administraciones públicas, según explicó el presidente de la PMcM.
La morosidad de España, según el informe de PMcM
El “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023” realizado por la PMcM y conformado por más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas dictamina que el plazo medio de pago de las empresas privadas ha subido tres días, llegando a los 70 días de media; por otro lado, en el sector público esta cifra se redujo en 12 días, hasta los 55 días de media. Sin embargo, ambas medias siguen estando bastante por encima de los registros de plazos de pago establecidos por la Ley 15/2010: con un total de 60 días para las empresas y de 30 días para las AA.PP (Administraciones Públicas).
Enfocándonos en el sector privado, según el 59% de los encuestados, las grandes empresas (aquellas con una facturación superior a 50 millones de euros) son las que más tardan en pagarles. Cuando se les preguntó cuánto tardan aproximadamente en pagarles estas grandes empresas, el 81% declara que los plazos de pago superan el plazo legal. Dentro de este porcentaje, el 45% afirma que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días), mientras que el 36% indica que lo hacen algo por encima del plazo legal (entre 60 y 90 días). Esto implica que solo el 19% de las grandes compañías pagan dentro de los plazos que dicta la normativa.
Respecto al sector público, más de la mitad de los encuestados (53%) afirma que la Administración Local es la que más tarda en pagar. Le sigue la Administración Regional, según el 32% de los encuestados, y en tercer lugar se encuentra la Administración Central, con un 15% de las respuestas. En cuanto a los plazos medios de pago, el 81% de los proveedores de la Administración Regional y el 78% de los proveedores tanto de la Administración Local como de la Central indican que superan el periodo legal establecido.
Si bien tanto la PMcM como el Ministerio de Hacienda han observado una reducción de los plazos de pago de las AA.PP (con datos que muestran, por ejemplo, que a diciembre de 2023 el plazo medio de pago de las Comunidades Autónomas era de 30,50 días, el de la Administración Central de 18,09 días, y el del último trimestre del año de las Entidades Locales de 27,63 días) que señala que los resultados de su muestra siguen muy distanciados de los permitidos por la ley. Al contrario que en 2023, la PMcM expresa preocupación ya que durante el presente año la situación puede empeorar debido a la reducción de las aportaciones a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, al destinarse parte del dinero a otras áreas, como las telecomunicaciones.
El análisis de la PMcM también ha revelado que la media del recibo de pagos a los subcontratistas por parte de los contratistas llega a un promedio de 99 días. Además de los datos de la encuesta, la PMcM ha denunciado que varios de sus asociados han recibido contratos en los que el plazo de pago es de 240 días mediante confirming en proyectos en los que actúan como subcontratistas. Cañete califica esta práctica como intolerable, señalando que algunas grandes compañías buscan financiarse a expensas de sus proveedores.
La PMcM ha denunciado de manera continuada que la cadena de pagos en el sector público carece de un control adecuado, lo que da lugar a una falta de flujo de dinero hacia los subcontratistas, que en su mayoría son pymes y autónomos. Esta situación ha sido corroborada por Oirescon (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación) en su quinto «Informe Anual de Supervisión (IAS)». En este informe, se señala que el dato sobre subcontratación «no está debidamente registrado por el órgano de contratación en la mayoría de los casos, lo que impide ofrecer una imagen precisa de la subcontratación en la contratación pública». Además, se destaca que «la falta de información obstaculiza la supervisión de las obligaciones impuestas a las Administraciones Públicas, como la verificación del pago del contratista principal a los subcontratistas y proveedores». En consecuencia, el porcentaje de licitaciones de las cuales no se disponen datos sobre subcontratación aumentó en 2022 al 96,59%, lo que equivale a 13.327 licitaciones.
La evidencia de que a esta normativa le falta de rigurosidad también se da en otros ámbitos. Según el informe de la PMcM, «el 83% de los encuestados que habían solicitado alguna subvención pública por un importe superior a 30.000 €, que para obtenerla se tiene que demostrar que se llevan los plazos de pago de acuerdo a la normativa, no tuvo que presentar ninguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago».
Condiciones abusivas y pocas expectativas
La nueva edición del estudio de los plazos de pago de la PMcM confirma nuevamente la persistencia de condiciones abusivas. El año pasado, el 62% de los proveedores se vio sometido a contratos o acuerdos comerciales con clientes, tanto del sector público como privado, que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004, «sin que se apliquen consecuencias a esta práctica ilegal», según denuncia Cañete.
A esto se añade el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos o los retrasos mencionados anteriormente, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora, y el 93% de los proveedores no reclamaron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. Para el presidente de la PMcM, «esto evidencia la falta de eficacia de una ley que no penalice su infracción». Por esta razón, para el 93% de los encuestados en el análisis de la PMcM, porcentaje prácticamente unánime, coincide en que es totalmente necesario la creación de un régimen sancionador.
Según los resultados obtenidos del análisis realizado por la PMcM, la ratio de morosidad (el porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se situó en 2023 en el 5,1%, una décima superior respecto al 5% registrado en 2022. Además, un 74% de los participantes indica que su expectativa de plazo de cobro para 2024 no variará. Cuando se les preguntó cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 73% declaró que pediría financiación, mientras que un 17% se vería obligado a ampliar sus plazos de pago.
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