Los bloques parlamentarios conservadores, representados por el Partido Popular Europeo (EPP) y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), han introducido una serie de enmiendas a la propuesta de Reglamento de Plazos de Pago de la Comisión Europea. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) considera que estas modificaciones constituyen un gran retroceso en la batalla por la reducción de los plazos de pago. Las enmiendas se justifican mediante el principio de la «libertad de pacto entre las partes», aunque según Antoni Cañete, presidente de la PMcM, esta propuesta no garantizará la neutralidad deseada, abriendo legalmente la puerta a la posibilidad de establecer plazos mayores a los previstos por el reglamento.
«Cuando la parte económicamente más vulnerable se ve obligada a financiar a la más poderosa, la libertad en los plazos de pago puede resultar desigual, careciendo de equidad. La ley debe considerar estas disparidades entre las partes para garantizar un resultado neutral«, señala la PMcM. Además, avisa de que si se permitiera la libertad total en los acuerdos entre las partes es probable que los plazos de pago se extiendan, ya que muchos tienen interés, justificado, en pagar tarde ya que genera un beneficio financiero considerable, especialmente en períodos de inflación y altas tasas de interés.
No es necesario añadir más enmiendas
Previo a la presentación de estas enmiendas por los grupos conservadores europeos, es crucial señalar que, en reuniones de la Comisión de Mercado Interior (IMCO) del Parlamento Europeo, otros grupos parlamentarios ya habían consensuado nueve enmiendas de compromiso. En su mayoría, estas enmiendas mantenían la coherencia con la propuesta original de la Comisión Europea e incorporaban las sugerencias propuestas por la PMcM.
Según Cañete, la implementación aumentaría el riesgo de abusos por parte de la posición dominante, como lo son las grandes empresas. Esta libertad de pacto podría conllevar un empeoramiento respecto a la situación previa de la ley de 2010.
Desde la PMcM, hacen un llamado a los grupos parlamentarios europeos para que actúen con responsabilidad y respalden las enmiendas de compromiso ya acordadas el próximo día 22, gracias a los esfuerzos de la ponente principal, la eurodiputada Roza Thun.
Refutación de la nueva libertad de pacto
Las enmiendas plantean la opción de extender los plazos de pago más allá de los 30 días, siempre que se especifique en el contrato y la extensión no sea «manifiestamente injusta» para el acreedor. Según el presidente de la PMcM, «esta enmienda de la libertad de pacto crea una contradicción evidente: nadie especificará algo manifiestamente injusto en un contrato. Es relevante señalar que las grandes empresas, generalmente con códigos de Responsabilidad Social Corporativa, son las peores pagadoras. Por lo tanto, la condición adicional de notificar esta excepción a la autoridad implica una carga administrativa adicional para las empresas, más burocracia para las Administraciones, un aumento de costos para todos y un control imposible por parte de la mencionada autoridad».
A pesar de que esta alteración excluiría la posibilidad de implementarse entre pymes, grandes empresas o la Administración, Cañete señala que «la experiencia nos indica que las empresas más grandes tienen los recursos para eludirla, como firmar sus contratos a través de compañías más pequeñas o UTEs. La detección de este fraude demandaría acciones por parte de los perjudicados, quienes en la mayoría de los casos, no podrían afrontar».
Asimismo, la propuesta contempla la eliminación del control de pagos a subcontratistas en contrataciones públicas. Esto, según Cañete, «perjudicará a los subcontratistas, quienes recibirán sus pagos en plazos más extensos sin supervisión ni responsabilidad por parte de las Administraciones Públicas». De hecho, al menos las AAPP españolas, «han mostrado escaso interés en aplicar la norma que las obliga a practicar dicho control en contratos específicos, como evidencian informes presentados por OIRESCON».
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