Juan Díez de los Ríos: “El objetivo principal de la Comisión es sin duda alguna mantener el mercado de la externalización de servicios”

Recientemente, ha sido nombrado presidente de la Comisión de Servicios Intensivos en Personal de la CEOE, ¿cómo ha recibido el nuevo cargo?

Efectivamente, tras el mandato de Javier Sigüenza- y anteriormente de María José Álvarez (Grupo Eulen), quien impulsó su creación-, finalmente ha recaído en mí persona la presidencia. Cumplía una serie de requisitos necesarios para poder ostentar este cargo. Además, como presidente de ASPEL pertenecemos a la CEOE y a esta Comisión desde hace tiempo.

Espero que podamos alcanzar, este año, alguno de los objetivos que tenemos marcados. Por el momento, se ha producido un cambio, el del nombre de la comisión que ahora deberá conocerse como Comisión de Servicios Intensivos en Personal.

¿Cuáles son los principales objetivos que persigue esta Comisión?

El objetivo principal de la Comisión es sin duda alguna mantener el mercado de la externalización de servicios. Debemos defender la externalización de prestaciones como una tendencia mercantil consolidada a nivel global y que representa un elemento de competitividad de primer orden en el siglo XXI, especialmente siendo un país de servicios. Porque cualquier otro modelo de servicios (internalización o remunicipalización) es para nosotros contraria a la eficiencia, y la especialización es precisamente eso. Desde los años 80 España ha sido uno de los países en los que más rapidez y desarrollo tuvo la externalización de servicios.

Después de este gran objetivo, hay todo un plan de acción para el año 2023.

• El seguimiento de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).
• Mantener una interlocución permanente con la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE) y la Dirección General de Patrimonio del Estado.
• Contribuir a potenciar la presencia de las asociaciones de servicios en la JCCPE como parte muy relevante de la contratación pública en España.
• Defender que los procesos de licitación de las administraciones públicas se desarrollen en el marco de la leal competencia entre las distintas empresas, sin que se prioricen unas frente a otras por motivo de su razón social. Mantener una posición constante de defensa de la licitación pública de servicios frente a los posibles intentos de internalización.
• Ofrecer, de forma continuada, propuestas de mejora a los distintos órganos de la Administración en los procesos de licitación pública, la sucesión de contratistas y sus implicaciones, etc., incluyendo el uso de las plataformas tecnológicas.
• Mantener un canal de comunicación abierto de manera permanente con la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON).
• Mantener un canal de comunicación abierto de manera permanente con las juntas consultivas de las diferentes comunidades autónomas y sus instrucciones de contratación, así como con los ayuntamientos de mayor tamaño.
• Mantener un contacto continuado con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
• Colaborar en el desarrollo de los distintos posicionamientos en el ámbito de BusinessEurope, en aquellas materias que sean competencia de esta Comisión.
• La coordinación con otras Comisiones de CEOE que aborden materias legislativas o jurisprudenciales que puedan afectar a las empresas del sector de servicios intensivos en personal.
• Continuar con la monitorización de los datos relativos a los sectores representados en la Comisión para lograr una correcta caracterización.
• Continuar con el desarrollo de un posicionamiento sobre los siguientes aspectos: metodología empleada para determinar la clasificación de empresas; prácticas de encargos a medios propios por parte de las administraciones públicas; regulación de la planificación de la actividad contractual y del régimen aplicable a las prórrogas y la continuidad prestacional; revisiones de precios (Ley de Desindexación).
• Seguimiento y, en su caso, participación, en las actividades que se desarrollen en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Respecto al ámbito europeo, ¿las compañías de servicios intensivos en personal comparten estos mismos desafíos que en España?

No todos los países tienen los mismos problemas, ni las mismas herramientas o mecanismos para intentar resolverlos. Quizás en materia de Contratación Pública es en lo que tenemos un objetivo conjunto. Como, por ejemplo, con lo que denominamos ‘la dictadura del precio’.

Pero en España, el problema se centra en la legislación que influye en la contratación pública. Me refiero, en la ley de desindexación y en la subrogación, por la modificación reciente que sufrió por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que afecta a todos los servicios intensivos en personal, en lo que respecta a las responsabilidades derivadas de la subrogación del personal. Por el momento, la Comisión de Servicios Intensivos en Personal ha conseguido que los certificados de las compañías aporten más información para poder decidir si interesa licitar ese contrato.

¿Cuál es la postura de la Comisión frente a los cambios legislativos recientes, como, por ejemplo, la subida del SMI?

Este Gobierno ya lleva más del 36 por ciento de subida del salario mínimo interprofesional. Obviamente hubiéramos deseado un mayor consenso, ya que la postura de la CEOE no ha sido tomada en cuenta. Estas subidas afectan de manera diferente a los distintos sectores que componen la Comisión. Pero para nosotros, lo importante es que si hay una subida del SMI las empresas puedan repercutir dicha subida. A nivel legislativo, la Ley de Desindexación y las prórrogas forzosas comprometen la viabilidad de los servicios ante estas subidas si no se nos permite revisar los precios.

Cabría la posibilidad de hacer impugnaciones, pero al llegar a la vía contenciosa (que el Tribunal del Contencioso lo eleve al Tribunal Europeo), nos podríamos ir a que se demore la resolución entorno a tres o cuatro años y puede ser ya muy tarde para muchas empresas.

En materia de licitaciones, ¿cuál es el estado actual de las mismas?

Servicios es hoy por hoy el contrato más importante para la Administración pública. Con diferencia, los volúmenes que se licitan en servicios son bastante mayores que el siguiente capítulo que sería Obras y el siguiente Suministros. Supera el 40 por ciento del 18 por ciento del PIB, que es lo que se contrata a nivel general. Esto no está suficientemente representado para defenderlo, y lo estamos persiguiendo como hemos dicho antes en los objetivos de la Comisión para 2023.

Por otro lado, se encuentra la problemática que hay detrás de la contratación pública (dictadura del precio, prorrogas obligatorias, desindexación, SMI, subrogación…) que hace que los sectores vean que hay un deterioro de las condiciones, existiendo empresas que por principio ya no se presentan. Cada vez hay más concursos que quedan desiertos, pero es cierto que no se está produciendo de forma generalizada en las licitaciones en servicios (en otros sectores sí). A pesar de este deterioro todavía hay licitantes, por ejemplo, en sectores como del de la limpieza o el de la seguridad.

¿Cómo se están aplicando los criterios de eficiencia, sostenibilidad y gobernanza (ESG), en las licitaciones?

Realmente estaríamos hablando de lo que denominamos ‘compra verde’. Hoy la mayor parte de los concursos púbicos están pidiendo la ecoetiqueta en productos y materiales, pero para que esto se pueda solicitar en los concursos es muy importante que no sea discriminatorio. Se piden los criterios ESG pero, por ejemplo, en sostenibilidad no se puede referir al cumplimiento de una norma en concreto, porque estarían incurriendo en la libertad empresarial. No obstante, creo que mientras tengamos pliegos donde prime el precio, nunca se podrá hablar de que los criterios ESG son importantes en los contratos públicos.