Es un hecho consumado que a estas alturas de ejercicio, donde vemos ya más cerca el nuevo año que hojas en el calendario actual, existe un consenso, pocas veces visto, acerca de cómo a futuro recordaremos este 2020, por traernos un cisne negro (pandemia) de los descritos por Taleb, que vienen a transformar la realidad social en muchos ámbitos.
De manera violentamente disruptiva, la COVID-19 ha servido de catalizador de muchos procesos que, si bien ya se habían iniciado con una agenda más o menos programada, se han visto acelerados ante la necesidad adaptativa en la que el virus nos ha cooptado. Ante una amenaza global, en un mundo globalizado, muchos son los agentes -políticos, económicos y sociales-, que nos hemos visto forzados a improvisar una serie de medidas, en su mayoría de implementación reactiva, pues, al más puro estilo de Donald Rumsfeld, han estado basadas en el Unknown Unknowns (“lo que no sabemos, que no sabemos”).
En este contexto, las empresas de outsourcing basadas en servicios intensivos en mano de obra, hemos tenido que realizar un doble proceso de adaptación. Por un lado, de cara a nuestra propia estructura, especialmente en lo referente a garantizar espacios de trabajo seguros que, por ende y en paralelo, priorizasen la salud de nuestros empleados en consonancia con el mantenimiento de la actividad económica de la compañía. Por otro, en la interacción con nuestros clientes y mercado, gestionando en ambos casos tanto la prestación de nuestros servicios, como los procesos comerciales y de licitación, adaptando todo ello al cambiante marco normativo en el que nos vimos inmersos en las primeras fases de la pandemia.
Dentro de esta excepcionalidad normativa, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, procedía a suspender términos e interrumpir los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, incluyendo los procesos de contratación. El propio Real Decreto verificaba como el cómputo de los plazos se reanudaría en el momento en que perdiera vigencia el mismo, o sus posibles prórrogas.
Al mismo tiempo el sector privado, ante la incertidumbre del impacto de la crisis -sanitaria en el presente, predeciblemente económica en el futuro-, y en lo que a servicios se refiere, ha procedido a suspender en gran medida sus procesos de compras y contratación, centrándose en la adaptación de los mismos a la nueva realidad. Mención especial en esta línea merecen los servicios de Facility Management, de práctica titularidad privada en España a día de hoy, y muy vinculados a compañías de ámbito internacional, quizá al albur del éxito de implantación en el modelo anglosajón, más proclive a las ventajas que tal modelo de gestión de la externalización puede suponer. De nuevo la incertidumbre que la pandemia ocasiona a futuro, desde la gestión de los espacios, de los RRHH, de los movimientos corporativos que estamos viendo en presa y de la modificación de planes estratégicos por el impacto de la misma, ha provocado un considerable stand by en los mismos. Esto hace presagiar un efecto descorche a los primeros indicios de control de la pandemia, con la más que previsible acumulación de procesos sobre los departamentos técnicos cara a dar salida a la demanda que generará el mercado.
Este fenómeno ya lo está anticipando el sector público, cuyos datos del tercer trimestre del año ya anticipaban (corroborándolo los del cuarto), que nos encontramos con un volumen de concursos prácticamente idéntico al del 2019, aun habiéndose producido dos hechos muy significativos, a saber: durante la duración del estado de alarma prácticamente no se publicaron licitaciones públicas, luego estamos equiparando datos con un ratio 2:3 (8 meses contra 12), y en segundo lugar, se produjo un lógico aumento de prorrogas de contratos actuales, que debieran haber minorado el número total de procesos públicos de contratación en el ejercicio.
Pero no todo lo relacionado con el impacto de la pandemia tiene porqué tener un sesgo negativo. El medio plazo también nos depara una serie de oportunidades que el tiempo nos dirá si fuimos capaces de aprovechar o no.
La primera connotación ha sido la consideración de la mayoría de servicios prestados por nuestras compañías como servicios esenciales. Este hecho, aparte de dar mayor empoderamiento social a los mismos, debería derivar en un mayor celo a la hora de dotar presupuestariamente las partidas, tanto públicas como privadas, destinadas a su contratación.
La segunda, y mucho más importante si cabe, viene derivada del acuerdo alcanzado el pasado 21 de julio de 2020 en el Consejo Europeo para activar, en respuesta a esta situación excepcional, 750.000 millones de euros financiados mediante la emisión de deuda comunitaria. El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes, ya que prevé financiación por hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos seis años, un 11% del PIB de 2019.
Estos fondos van a canalizarse fundamentalmente a través de contratación pública y de subvenciones. Ya han surgido grupos de trabajo entre distintas asociaciones profesionales del sector y la propia CEOE para, en base al informe “España puede”, realizar todas las medidas que sean pertinentes para evitar “cuellos de botella”, tanto operativos como legales, e implantar medidas dirigidas a agilizar la tramitación de los procedimientos de contratación pública y de concesión de subvenciones. Esta es, por tanto, una oportunidad histórica para racionalizar y optimizar la contratación pública en España que, dado el montante de los fondos, y los retos en cuanto a digitalización, facilitación de trámites y colaboración público-privada suponen, no deberíamos dejar pasar.
