El año 2022 ha sido muy relevante para el sector de los residuos industriales y peligrosos por la entrada en vigor de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Gracias a ello, España pasa a tener un modelo de responsabilidad compartida en la que el productor ya no podrá delegar su responsabilidad una vez entregado el residuo al gestor. Además, deberá asegurar y documentar un tratamiento final adecuado porque, en caso de accidentes o daños al medioambiente, también tendría que afrontar los gastos correspondientes para atender su responsabilidad civil. Este cambio ha sido defendido durante años por nuestra asociación porque puede mejorar la trazabilidad del residuo hasta el tratamiento final y, todo ello, con las mejores técnicas disponibles gracias a una mejor clasificación del residuo.
Hay dos aspectos importantes que trae la nueva ley. El primero de ellos, es que se crea un nuevo impuesto que grava la entrega de residuos para su eliminación en vertederos y la eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración y de coincineración. Este impuesto entrará en vigor el próximo 1 de enero y es de ámbito nacional pero se contempla que las comunidades autónomas lo puedan gestionar e incluso incrementar sus tipos impositivos. De momento sabemos que el Gobierno de España ha iniciado la tramitación para ceder el impuesto a las comunidades autónomas de Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y, en el caso de Andalucía, para incrementar algunos tipos impositivos.
Aunque el Gobierno de España afirma haber creado este impuesto sobre la base de que “el que contamina paga”, lo que nos encontramos es que quien va a tener que pagar y asumir el riesgo de una adecuada gestión de esta recaudación son las instalaciones de vertido, incineración y coincineración. Además, en muchas ocasiones, será un gestor intermedio quien entregará el residuo a estas instalaciones y eso hará que recaiga sobre él el impuesto. Por tanto, este tipo de instalaciones y los gestores se convierten en sustitutos del contribuyente, recaudadores del impuesto y aumentan su responsabilidad fiscal, ya que puede implicar sanciones si ese impuesto no se recauda o si las exenciones no se aplican adecuadamente.
Una vez más nos volvemos a encontrar en una situación de falta de armonización legislativa en materia medioambiental. Algo que también está ocurriendo en la tramitación telemática obligatoria para el traslado de residuos. Todo el sector acogió de forma muy positiva la digitalización de este proceso porque podría ser un acicate para ganar en trazabilidad. Sin embargo, aunque el Ministerio de Transición Ecológica ha creado la plataforma eSir para este trámite, al mismo tiempo las comunidades autónomas están lanzando sus propias plataformas telemáticas, lo que está generando una complejidad y pérdida de eficiencia, algo que la digitalización se supone debería evitar. Por eso consideramos que es muy urgente simplificar estos trámites y que eSir pueda ser siempre una vía para gestionar los traslados de los residuos aunque existan las plataformas de carácter autonómico.
Estos dos asuntos son motivo de gran preocupación en el sector por la incertidumbre que generan en un momento muy delicado para la economía por la inflación, los altos costes energéticos y la dificultad de acceso a las materias primas. Así se pudo comprobar en el “IX Foro sobre la Gestión de los Residuos Industriales”, organizado por nuestra asociación el pasado mes de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Además de celebrar el 30º aniversario de nuestra asociación, en este evento de referencia para el sector se recalcó que la aplicación de la normativa de residuos y de emisiones industriales debe hacerse de forma armonizada para evitar el fraccionamiento del mercado y favorecer una gestión más eficiente con la aplicación de economías de escala e inversión en innovación. Una inversión que pasa indefectiblemente por el desarrollo de nuevas infraestructuras pero que solo se puede fomentar si existe apoyo político y financiero, además de agilidad administrativa.
Tal y como se puede comprobar, el sector medioambiental no puede esperar los tres años que indica la ley de residuos para hacer una estudio comparado con el que armonizar la normativa. Solo hay que poner el foco en los residuos sanitarios para darse cuenta de ello. Desde la pandemia de 2020 han aumentado este tipo de residuos por el mayor uso de los materiales desechables y nos encontramos con que doce comunidades autónomas han desarrollado su normativa específica en materia de gestión de residuos sanitarios. Algunas de ellas son legislaciones que datan de los años noventa del pasado siglo y actualmente la clasificación y nomenclatura de este tipo de residuos no es homogénea a lo largo del territorio nacional.
A pesar de todo, desde nuestra asociación valoramos positivamente la nueva ley e incluso pensamos que el nuevo impuesto analizado en este artículo puede favorecer los tratamientos de reciclaje y valorización pero sin olvidar que seguimos necesitando un marco normativo más armonizado con carácter urgente.
