A nivel nacional, en 2023, las bajas laborales derivadas de enfermedades comunes y accidentes no laborales supusieron un gasto en prestaciones económicas de la Seguridad Social y un coste directo para las empresas de 25.326 millones de euros. Este gasto fue 3.799 millones de euros superior al del ejercicio 2022 y 10.765 millones de euros más respecto al de 2018. Todo ello supone un crecimiento del 73,93% en los últimos cinco años. Este aumento del absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) se puede explicar a partir de diferentes indicadores utilizados para medir la problemática que supone, como son la población protegida, la cantidad de procesos iniciados, la incidencia media mensual y la duración media de los mismos, entre otros.
En primer lugar, la población protegida por el total sistema (que se refiere a la población protegida por las entidades gestoras y por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social) a nivel nacional fue de 19.072.017 trabajadores, lo que supone un aumento del 2,78% respecto al ejercicio 2022 y del 10,17% en comparación con 2018. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tuvieron una cuota de afiliación por contingencias comunes, a nivel nacional, del 79,32% en el ejercicio 2023.
En segundo lugar, con respecto a los procesos iniciados para la población protegida por el total sistema, en el ejercicio 2023 fueron 8.069.328 en el territorio nacional; un incremento del 10,39% respecto a 2022 y un 54,72% si se compara con 2018.
Por otra parte, la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por la población protegida por el total sistema se cifró en 35,26 procesos iniciados en 2023 en el territorio nacional. Así, se produjo un incremento interanual del 7,41% y del 40,42% respecto a 2018.
Por último, la duración media de los procesos finalizados para la población protegida por el total sistema (en 2023, en el territorio nacional) se cifró en 39 días. Es decir, se dio un descenso de 2,4 días por proceso finalizado (variación porcentual de 5,78% y un descenso del 8,33% en los últimos cinco años).
En relación con la duración de los procesos de incapacidad temporal derivados de enfermedades comunes y accidentes no laborales, para la población protegida por las mutuas, la evolución del número de procesos abiertos con duración superior a 365 días se ha multiplicado un 2,94 en los últimos cinco años: ha pasado de 34.288 en enero de 2019, a 100.734 en ese mismo mes de 2024.
A estos procesos abiertos habría que añadir los de las entidades gestoras, que se estima que no han tenido mejor comportamiento. Sucede también que los procesos de más de 545 días y de más de 730 días de duración han crecido los últimos meses.
En el aumento del absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal por contingencias comunes influye, en primer lugar, el laberinto burocrático (SPS– INSS–mutuas) existente para su gestión, las listas de espera en la sanidad pública y el riesgo moral del que se deriva un uso indebido de estas prestaciones. Esta situación origina un mayor gasto, perjudica la salud de los trabajadores, incrementa aún más la carga asistencial de una sanidad pública saturada y supone una importante merma de competitividad de las empresas. Además, es un pesado lastre para la creación de empleo y el crecimiento económico de España a corto, medio y largo plazo.
Además de todo lo anterior, en 2023, en España, más de 1.264.000 trabajadores que han sufrido un proceso de enfermedad común o accidente no laboral diagnosticado como patología traumatológica han tardado en recuperar su salud 26 días más que si hubieran sido tratados por la mutua, puesto que estas son especialistas en este tipo de patologías.
Para concretar más este asunto, se dan los siguientes datos a nivel nacional: en 2023, 1.264.739 bajas laborales derivadas de enfermedades comunes y accidentes no laborales diagnosticadas como patologías traumatológicas tuvieron una duración de 67,78 días de media en los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas. Durante ese mismo año, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social gestionaron y trataron médicamente 578.516 bajas laborales traumatológicas derivadas de accidentes de trabajo, con una duración media de 41,08 días.
De los datos anteriores se aprecia que las bajas laborales equivalentes, diagnosticadas como patologías traumatológicas, tardaron en los centros sanitarios de las mutuas aproximadamente 26 días menos de lo que tardaron los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas en recuperar la salud de los trabajadores. Esto quiere decir que los trabajadores de baja laboral por enfermedades comunes o accidentes no laborales tardan innecesariamente casi un mes más en recuperar su salud y poder reincorporarse al trabajo, con las pérdidas económicas que se producen para ellos mismos, para las empresas y para la Seguridad Social.
Con motivo de todo lo anterior, desde las mutuas se propone lo siguiente, a fin de recuperar lo antes y mejor posible la salud de los trabajadores, evitar el uso indebido de esta prestación y salvar el laberinto burocrático:
- Reconocer a las mutuas la posibilidad de prestar asistencia sanitaria integral y de emitir altas médicas en los procesos de ITCC, al menos en patologías traumatológicas y osteoarticulares, del mismo modo que históricamente vienen haciéndolo para los procesos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo un mecanismo de garantía para los trabajadores como el que ya existe para el caso de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Evitar el establecimiento de complementos y mejoras a la prestación por ITCC o, en su caso, suprimirlos o tratar de reducirlos en los convenios colectivos.
- Rebajar el porcentaje que se aplica a la base reguladora para el cálculo de la prestación de ITCC, sin perjuicio de ponderarlo en función de la gravedad de la enfermedad o accidente del trabajador, así como de su evolución temporal.
