En abril de 2023 se cumplía el primer año de vigencia de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, un hito importante que cambia nuestro modelo de gestión de residuos delegado a uno de gestión compartida, en el que el productor adquiere una mayor responsabilidad durante toda la cadena y que conlleva nuevas obligaciones. Estas últimas difieren dependiendo de los territorios, ya que las competencias medioambientales están delegadas a las comunidades autónomas, las cuales no priman que haya una armonización legislativa que favorezca el fortalecimiento del medioambiente como industria.
Nuestra asociación es muy consciente de esta situación y, en la medida de sus posibilidades, hace siempre un esfuerzo para facilitar la operativa diaria de toda la cadena de gestión. Por eso, hemos creado en nuestro sitio web el primer punto de información nacional sobre las nuevas obligaciones de los productores de residuos industriales y peligrosos. Ponemos a su disposición un único lugar desde el que poder consultar la normativa nacional y autonómica, para conocer las administraciones encargadas de su aplicación y los recursos informativos en la materia. Nuestra intención es que, con ello, se tenga una visión global del estado actual de la normativa en cada uno de los territorios, para facilitar a los productores la tarea de asumir su nuevo rol en la cadena de gestión.
Son muchas las cuestiones que hay que abordar desde el punto de vista de las obligaciones. Por ejemplo, en lo relativo al traslado de residuos, hay que recordar que la tramitación electrónica es la única válida. Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica creó la plataforma eSir, aunque las comunidades autónomas también están lanzando sus propias plataformas telemáticas.
Esta duplicidad está generando que tanto las administraciones como las empresas tengan que destinar una gran cantidad de recursos (de los que muchas veces no disponen) y contradice la idea de que la digitalización ayuda a ganar eficiencia en los procesos burocráticos. Ante los constantes problemas técnicos que se están produciendo estos meses, sería de gran ayuda que eSir, como plataforma nacional, pueda ser siempre una vía para gestionar los traslados de los residuos, independientemente de que existan las plataformas de carácter autonómico.
Otro punto importante para todos aquellos que son productores de residuos industriales y peligrosos es que existe un nuevo impuesto que grava la entrega de residuos para su eliminación en vertederos y la eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración y de coincineración. La nueva Ley de residuos contempla que las comunidades autónomas puedan gestionar o incrementar este impuesto, que entró en vigor este año. Esto ha llevado a que ya se haya cedido su gestión a las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia, Islas Baleares y Valencia. En el caso de Andalucía, las funciones de su aplicación las continuará realizando la Agencia Tributaria hasta que sean asumidas por la Junta de Andalucía. Además, las comunidades andaluza y catalana han elevado algunos de los tipos impositivos.
Una vez más, encontramos una fragmentación que obliga a destinar tiempo y recursos para saber con claridad cómo cumplir con cada comunidad autónoma. También, para conocer la aplicación de algunas exenciones derivadas de la legislación autonómica, sobre todo las relativas a los residuos sanitarios y al amianto. Estos dos residuos peligrosos son especialmente importantes por varias cuestiones. En el caso de los sanitarios, las comunidades autónomas han desarrollado normativa propia para su gestión. Esto hace que existan trece comunidades autónomas con legislación específica, lo que genera una gran disparidad normativa. Además, en muchos casos, la legislación en esta materia data de los años 90. Esto implica que no hay una clasificación y nomenclatura homogénea a lo largo del país y, en muchos casos, no se recoge la jerarquía de residuos ni los planteamientos de la economía circular.
Por eso, hemos establecido una alianza con la Asociación de Gestores de Residuos Sanitarios (AGERSAN), con el fin de impulsar la armonización de la regulación de los residuos sanitarios mediante una legislación nacional. Como primer paso, trabajaremos conjuntamente en el desarrollo de un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios, para facilitar a las Administraciones Públicas competentes el cumplimiento de la Disposición final séptima de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados. En ella, se establece que en un plazo máximo de tres años se llevará a cabo un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios, entre los que se encuentran los residuos biosanitarios, químicos, de medicamentos citotóxicos y citostáticos, así como radiactivos.
Respecto al amianto, un residuo peligroso que no es reciclable y cuyo único destino posible es el depósito en vertedero mediante encapsulamiento y confinamiento, es necesario avanzar para cumplir con la , que prohíbe su uso y comercialización e indica su sustitución por otros materiales. En este sentido, la nueva Ley de residuos nacional obliga a los ayuntamientos a realizar un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto. Sin embargo, hace falta una definición de criterios y medidas de control a nivel nacional para realizar este censo, si queremos armonizarlo en todos los territorios.
Creemos que este residuo tan peligroso necesita un plan de carácter estatal que incluya los incentivos económicos necesarios para su aceleración. En este sentido, esperamos que esta cuestión ocupe un lugar relevante en el desarrollo del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2023-2025. Cabe recordar que tanto el PEMAR como los planes autonómicos son condición necesaria para el acceso de las comunidades a los fondos comunitarios.
Como se puede comprobar, son muchas las novedades en materia de residuos industriales y peligrosos. Y, pese a que la falta de armonización persiste, confiamos en que el nuevo marco de responsabilidad en la gestión consiga que logremos una mayor trazabilidad y una mejor clasificación de los residuos, para aumentar aún más la reutilización y el reciclaje.
