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con Firma dos miembros deberían también ser aplicadas en su propia legislación, ya que la UE no las aplica en profundi- dad. Es como si las diferentes nego- ciaciones para llegar a un consenso en el articulado hubiesen querido contentar a todos menos a las pymes. Si existe una SBA hay que ser claros en la legislación. En este sentido, por ejemplo, la recomendación que hace a los Estados miembros de: “Identifi- car y eliminar los obstáculos de la le- gislación nacional que impidan crecer a las pymes”. D irectiva 2014/24/UE Esta recomendación no se cumple en su nueva Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, ya que en su artículo 46, “División de contratos en son siempre perjudiciales a las pymes. La forma de proceder de los poderes adjudicadores con la definición de los lotes restringe la competencia y, por ello, las pymes quedan excluidas del acceso a la gran mayoría de los contratos públicos. Los tribunales Administrativos y Judiciales acaban dando la razón a los órganos públicos y ni siquiera la CNMC emite informes claros en este sentido, por lo que la indefensión de las pymes queda más que manifiesta en sus informes y en las resoluciones de los tribunales. Nuestro parecer es que la UE debe ser más explícita en materia de con- tratación si quiere ayudar a las pymes y, en esta línea, por ejemplo, mencio- namos que las recomendaciones que hace la Comisión Europea a los Esta- pecto a los otros Estados miembros de la UE, si pone en marcha un sis- tema transitorio de cuotas para que las pymes puedan crecer en las ad- judicaciones de la contratación públi- ca. Cuanto más tiempo se dilate esta medida, mayor será la diferencia con respecto a la media de la UE. AECPYMES cree que la fijación de los lotes en la contratación pública es la clave para poder posicionar a las pymes en el puesto que les corres- ponde y, dado que la legislación no es clara en la fijación de los importes de los lotes en los concursos públicos, resulta que la actuación de los órga- nos licitadores y las interpretaciones de los distintos tribunales Administra- tivos, en materia de contratación pú- blica, y la de los tribunales de Justicia