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Limpieza viaria y RSU L a solución del lavado rentable Un buen producto para su lavadora Primera firma nacional en detergentes de lavandería industrial tres infracciones graves y se le sus- pendió de forma provisional la autori- zación ambiental unificada. Este expe- diente se convirtió en firme en octubre de 2014 y, justo un año después, se cumplió el plazo que se le había dado para resolver las deficiencias si quería seguir operando, aunque la empresa continuó haciéndolo. El 4 de agosto la Junta presentó en el juzgado de guar- dia una denuncia en la que mostraba su preocupación por la acumulación ilegal de productos peligrosos. En el escrito se apuntaba a que existía el pe- ligro, entre otros, de que éstos pudie- ran incendiarse o producirse vertidos al cauce del Henares, cosa que des- pués sucedió y hubo de construir un dique para evitar que la contaminación llegara a ese río. E l suceso se repite En esa situación se llegó al pasado 24 de agosto, fecha en la que también sin causa justificada comenzó a arder una nave de la planta de Chiloeches (Gua- dalajara), que acumulaba ilegalmen- te 20.000 toneladas de disolventes y otros residuos peligrosos. El complejo, que estaba siendo investigado por el Seprona de la Guardia Civil desde el pasado mes de marzo, fue clausurado por el Ayuntamiento de la localidad el 17 de junio por “actividad clandesti- na” y por no disponer “de licencia de apertura”. De hecho, la empresa que lo gestionaba, KUK Medioambiental, ya sabía que debía retirar los residuos peligrosos; pero ante la falta de dispo- sición para ello, en 2013 la Junta de Castilla-La Mancha la expedientó por de neumáticos: una en Chiloeches (Guadalajara) y otra en Campo de Crip- tana (Ciudad Real). En total, el coste de todas las tareas ascendió a más de cinco millones de euros, según el consejero de Medio Ambiente castella- nomanchego, Francisco Martínez Arro- yo; y el suceso dañó la imagen tanto de la Comunidad de Castilla-La Man- cha y Madrid como del Ayuntamiento de Seseña. De hecho, se trataba de un área declarada ilegal desde 2003 por no respetar las normas medioam- bientales. Precisamente, meses antes del incendio las administraciones de Madrid y Castilla-La Mancha habían conseguido ponerse de acuerdo en su desmantelamiento, pero el fuego tras- tocó buena parte de esos planes, que tuvieron que ser reconsiderados.