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Limpie Z as / Octubre 2016 86 Limpieza viaria y RSU Al final, no hay recursos para controlar las políticas de gestión de residuos y eso favorece este tipo de casos”, opina el directivo. Claro que para evitar que esta situa- ción se repita, debería ayudar en parte el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el Estado. Esta norma supone una importante actualización para el sector al sustituir al Real Decre- to 833/1988, marco regulador de los traslados de residuos desde hace casi tres décadas. En opinión de Palomino, “va en el camino correcto, pero serían deseables algunas medidas más para que el productor tenga una mayor responsabilidad sobre el residuo”; y añade: “Sería necesaria una mayor ar- monización en la aplicación, de modo que no haya tantas tramitaciones tele- máticas para el control de la gestión, sino que sea todo mucho más fácil, porque hay casos, cuando se traslada el residuo de una comunidad a otra, en los que la aplicación telemática no funciona convenientemente”. A esto, además, según el secretario de la aso- ciación, “se han de añadir más medios para el control de la gestión por parte de las Comunidades Autónomas, y que sean capaces de vigilar que lo que se hace está bien hecho”. El objetivo es tomar medidas pertinentes para evitar que los sucesos de los meses pasados vuelvan a ocurrir, poniendo en riesgo la salud de la población, generando un coste añadido innecesario y provocan- do importantes consecuencias medio- ambientales. 㔾 y depositarlos en vertederos de resi- duos inertes”, explica Luis Palomino, secretario general de la asociación. Esto, a juicio del directivo, “va contra la legislación de residuos, porque tie- ne un claro riesgo para la salud y el medio ambiente”, añade. No en vano, esta asociación presen- tó durante el primer semestre del año varias denuncias que alertaban sobre esta situación. “Nos parecía que se es- taban almacenando residuos peligro- sos en sitios sin medidas de seguridad, algo muy grave en caso de que hubie- ra un accidente, como así ha ocurrido posteriormente”, asegura Palomino, quien, además, llama la atención so- bre la maraña legislativa que existe en España al respecto. “Es muy difícil que todas las Comunidades Autónomas tengan los mismos criterios, y todo ello en un escenario de recortes que han afectado mucho al medio ambiente. Así las cosas, la cercanía en el tiem- po con el suceso de Seseña resulta, cuando menos, extraña. De hecho, el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, señaló al poco de producirse el segun- do incendio la “sospechosa” conexión que veía entre ambos. Además, recal- có que la situación llamaba “mucho la atención”, e indicó que en las ins- talaciones del gestor de residuos de Chiloeches al que se estaban llevando las ruedas del vertedero de Seseña ya hubo un “intento” de incendio hacía poco tiempo. “Si ya era sospechosa la manera de actuar en el incendio de Seseña, también son bastante sospe- chosos los incendios en plantas simi- lares”, señaló Velázquez. S ituación legal En cualquier caso, estos hechos han puesto de manifiesto una situación que ya venían remarcando algunas entidades como la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Re- cursos Especiales (ASEGRE). “Noso- tros habíamos denunciado las malas prácticas que se estaban cometiendo, que consistían en hacer pasar unos residuos peligrosos por no peligrosos El objetivo es tomar medidas pertinentes para evitar que los sucesos de los meses pasados vuelvan a ocurrir