Limpiezas 132

44 Limpieza y su ámbito Limpie Z as / Diciembre 2017 CONTRATACIÓN PÚBLICA N o ha sido fácil, pero el trabajo ha dado buen re- sultado. Tras un año de demora y con tramita- ción de urgencia en el Congreso de los Diputados, el BOE publicó el pasado 9 de noviembre la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de una nor- mativa histórica en nuestro país que, sin duda, marcará un punto de inflexión en el comportamiento de muchas adminis- traciones públicas y contratistas de cara a afrontar sus obligaciones de pago. La nueva Ley, que entrará en vigor el próximo mes de marzo de 2018, se es- fuerza en terminar con la ambigüedad en la interpretación de los plazos de pago de los proveedores de las adminis- traciones y entidades públicas, indepen- dientemente de su ámbito local, autonó- mico y estatal. Los contratos públicos suponen en España alrededor de un 20% del PIB. Afectan, por tanto, a miles de empre- sas, muchas de ellas pymes y autó- nomos, por lo que, su trascendencia económica es fundamental para ga- rantizar el futuro de sus negocios. Constituyen además un primer esla- bón de una cadena de actividades que involucra a una parte sustancial del tejido productivo español. Así, una dilación en los plazos de pago de los primeros puntos, generalmente gran- des contratistas, afecta en cascada a ulteriores subcontratistas, cuya debili- dad económica y escaso margen de negociación es más patente a medida que nos alejamos del contratista prin- cipal. Por este motivo, era fundamen- tal asegurar una ‘buena’ ley. El proceso de definición y concreción del texto normativo no ha sido fácil. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Mo- rosidad (PMcM) nos complace reconocer que todo el esfuerzo por proteger los de- rechos e intereses de muchas pymes ha dado finalmente sus frutos. En este sen- tido, ha sido clave conocer los plazos de pago reales de los organismos públicos, así como las demoras a la hora de abonar las facturas de sus grandes contratistas. Gracias a la abundante información ela- borada por la PMcM y trasladada a todos los grupos políticos, se ha reconocido la necesidad de dar paso a una nueva etapa en materia de plazos de pago, centrada en proteger especialmente a los proveedores más vulnerables de la Administración pú- blica, como las pymes y los autónomos. Y no podemos estar más orgullosos, ya que todas las propuestas de la PMcM para salvar imprecisiones y dotar a la contratación pública de una mayor tras- parencia y trazabilidad han sido inclui- das en el texto final. A daptación europea La Ley de Contratos del Sector Públi- co incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la legislación comunitaria de revisión y modernización de las normas sobre contratación pública. El objetivo es incrementar la eficien- cia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pymes en la contratación pública. Igualmente, la normativa contempla que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Inicialmente, el Proyecto de Ley in- cluía una serie de artículos que podían poner en riesgo los avances logrados en materia de plazos de pago en las Administraciones públicas, debido a la ambigüedad en algunos puntos y por obviar las mejoras propuestas por la Directiva Europea. A lo largo de su tramitación –prime- ro en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado– la nor- ma ha ido incorporando las propuestas planteadas por PMcM, que fueron im- pulsadas por los grupos parlamenta- rios, en formato de enmiendas. Todas las propuestas de la PMcM, apoyadas por miles de asociaciones, empresas y autónomos, lograron introducirse en el Ley de Contratos del Sector Público: un hito histórico en materia de morosidad A ntoni C añete P residente de la PM c M