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actualidad morosidad
tendemos que existe un mandato, y que
esta cumbre hubiera sido una buena
ocasión para que el Gobierno anuncia-
ra el régimen”, apuntó. Además, Cañete
afeó que el Ejecutivo sí estuviera presen-
te, a través del presidente del Gobierno,
en la asamblea general de la CEOE. “El
Gobierno hoy ha preferido estar en ex-
clusiva al lado de los que cobran y no
pagan, en vez de con los autónomos y
pymes, esto es, con la mayoría de las
empresas del país, que claman por tener
justicia y que se les defienda delante de
la tiranía de algunas grandes empresas”,
sentenció. Eso sí, a pesar de los retrasos,
la Plataforma confía en que el Gobierno
establezca tarde o temprano el régimen
sancionador que solicitan.
Con respecto al resto de la cumbre,
para Cañete, resultó “un escenario per-
fecto para el debate y los compromisos
para con la sociedad civil”, después de
que hace unas semanas el Congreso
de los Diputados aprobara, con el voto
favorable del 99% de la Cámara, una
Proposición No de Ley para la implanta-
ción de un régimen sancionador contra
la morosidad.
Contratos en el sector público
El texto también incluía que la nueva Ley
de Contratos del Sector Público exija en
las licitaciones públicas a los grandes
contratistas una certificación auditada
de que pagan a las empresas subcontra-
tadas conforme a la ley (60 días).
Precisamente, la Ley de Contratos
del Sector Público, que actualmente
se está tramitando, fue el otro tema
clave de la cumbre, donde se alcanzó
el compromiso de que no exista acuer-
do de las partes en la relación cliente-
proveedor.
De llevarse a cabo todas estas me-
didas pactadas por las fuerzas parla-
mentarias “no sólo se acabaría con la
dilación abusiva de los plazos de pago
a proveedores”, en opinión de Cañete.
Además, según el directivo, “se estaría
delante de un compromiso político que
permitirá no crear más trampas para sal-
tarse legalmente los plazos de pago”.
Y es que, según el último informe de
la PMcM, el plazo medio de pago a pro-
veedores se redujo en 2016 tanto en el
sector público (5,3%) como en el privado
(9,4%), pasando respectivamente de 75 a
71 y de 85 a 77 días. Sin embargo, toda-
vía está muy lejos de los 30 y 60 días que,
respectivamente, establece la ley. 㔾